Santa Cruz está viviendo días dramáticos con inmensas colas para hacerse pruebas de Covid, para colocarse la vacuna, para acceder a los servicios médicos, para tramitar una baja médica y hasta para comprar medicamentos en las farmacias.
El proceso de vacunación, de alta demanda en estos días, es excesivamente lento porque el sistema informático nacional que registra a las personas se cuelga permanentemente. Así, las personas deben permanecer varias horas soportando temperaturas altas, que en estas fechas alcanzan sensaciones térmicas de hasta 41 grados, en medio de forzadas aglomeraciones precisamente en el intento por cuidarse del contagio.
Si bien son ciudadanos que no se vacunaron oportunamente y ahora lo hacen empujados por la exigencia de portar un carnet de vacunación, que es requisito para viajar, comprar o acceder a servicios públicos y privados, merecen respeto y el Estado está demostrando que se aplaza ante la mínima expresión de alta demanda, como en este caso.
Se han conocido casos desgarradores como el de una mujer embarazada de ocho meses que reside en la doble vía a La Guardia que durante tres días venía buscando un lugar donde vacunarse y no encontró un solo centro donde recibir la inmunidad. Aparte de la inaceptable dificultad para esa ciudadana, lo lógico debiera ser que alguien en estado de gestación merezca un mínimo de consideración para acceder a la vacuna sin hacer ninguna cola.
Otro desacierto es el manejo del carnet de vacunación de las personas que recibieron la vacuna en algún país del exterior. El ministro de Salud, Jeyson Auza, inventó un “instructivo” que más que tal parece un homenaje a la burocracia y al absurdo.
Resulta que para “homologar” su vacuna, las personas debían presentar el carnet de vacunación del país del exterior y adjuntar una “traducción oficial legalizada”. Es decir, la gente tenía que hacer un trámite y un gasto innecesarios quién sabe ante qué instancias para primero conseguir una “traducción oficial” del carnet, y luego legalizarlo.
Auza seguramente desconoce que la constancia de vacunación de otros países, principalmente de Estados Unidos, es una simple tarjeta bilingüe, en inglés y español, donde no hay nada que traducir.
Y si lo hubiera, son unas pocas fechas o nombres de la vacuna que significan lo mismo en español que en inglés. Un 18/12/2021 indica la misma fecha en cualquier idioma, y el nombre de la vacuna, “Pfizer”, “Moderna” o “Johnson”, se escribe igual en español, inglés, alemán, italiano o francés.
No había nada que traducir, y menos por legalizar. ¿O esperaba el ministro Auza que los ciudadanos hagan trámites ante la Embajada de Estados Unidos −que además ante los contagios ha suspendido hasta los trámites de visas− para que esta certifique que fulano de tal se vacunó en Miami, Washington o Nueva York?
Las personas que se vacunaron fuera del país en la mayoría hicieron esfuerzos económicos para viajar y pagar alojamiento y alimentación con el objetivo de proteger su salud y la de sus familias, en momentos en que en Bolivia no estaba disponible la vacuna para todos los rangos de edad.
No merecían, por tanto, ser envueltos en engorrosos y absurdos trámites burocráticos. Con hacer un registro online de su tarjeta y si fuera el caso acompañar con una fotografía de la hoja del pasaporte que registra la salida del país respectiva debiera ser suficiente. O, más sencillo aún, dar por válida la tarjeta o el carnet de vacunación expedido en cualquier país del exterior, como finalmente se decidió al mediodía, al menos de manera temporal, en voz del propio ministro de Salud. De lo que se trata es de ayudar y facilitar las cosas a la gente, no de hacerle la vida imposible.