La autora del artículo es estudiante de Comunicación Social de la Universidad NUR
Señor Rodrigo Paz, presidente de Bolivia:
Le escribo como una persona que, después de mucho tiempo, vuelve a verse al fin en un país que se anuncia en marcha; que se piensa a sí mismo como un proyecto en recuperación, intentando reparar lo que en algún momento se rompió, como una nación que avanza mientras ordena sus cifras y sostiene su economía. Pero también le escribo desde una realidad que no se mueve, que no cambia de ritmo ni de destino; una realidad que atraviesa gobiernos, discursos y promesas sin encontrar jamás una barrera: la violencia contra las mujeres y las niñas, que persiste intacta incluso cuando el poder cambia de manos.
El año no comenzó con cifras ni balances favorables: comenzó con la desaparición de una niña, con la constante evasión del pensamiento de que “pasará lo que siempre pasa”. Pero terminó con el peor desenlace: su cuerpo violentado y sin vida, recordándonos que en Bolivia el tiempo avanza para algunos, pero se detiene brutalmente para otras. Una niña fue arrancada de su casa, de su infancia y de su futuro, y mientras el país seguía su rutina, el Estado no llegó a tiempo, no vigiló, no protegió, no evitó. Y esa ausencia, más que el crimen mismo, es la que hoy me obliga a escribir, porque cuando una niña muere así, no fracasa solo una familia o un barrio: fracasa un sistema entero.
Le escribo no para acusar a un hombre, sino al cargo que hoy encarna; al Estado que permanece, aunque cambien los nombres, los partidos y los discursos. La Fiscalía reportó que en Bolivia hubo 81 feminicidios y 29 infanticidios durante el año 2025.
Le escribo porque el año comenzó con el asesinato de una niña; porque comenzó con la violación, el ultraje y la muerte de una menor. Porque, aunque se habla, se comunica y se difunde, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue pasando. Sigue ocurriendo con una constancia que ya no puede llamarse casualidad, sino fracaso estructural.
El caso de Yuvinka Segarra, que tan solo tenía ocho años, no es un hecho aislado.
Es un grito. Es una herida abierta. Es una pregunta que el Estado aún no ha sabido responder.
Una niña que vivía en un barrio periférico, específicamente en el kilómetro 15 del municipio de La Guardia, en un lugar que sus propios vecinos describen como monte, abandono y oscuridad. El barrio lleva un nombre que promete amparo: Divino Niño. Un nombre que invoca protección, inocencia y cuidado. Sin embargo, fue allí donde una niña desapareció, fue violentada y asesinada; fue allí donde la idea de protección se volvió ironía y el nombre quedó vacío, porque ni lo divino ni lo humano estuvieron presentes cuando una niña necesitaba ser cuidada.
Una niña que desapareció. Una niña que fue buscada tarde. Una niña que apareció cuatro días después, asesinada, con signos evidentes de violencia sexual. Y lo más atroz: su cuerpo fue dejado a escasos metros de su hogar, como si el asesino tuviera la certeza de que nadie miraba, de que nadie vigilaba, de que nadie protegía.
Yo acuso a un sistema que llega cuando ya es demasiado tarde.
Yo acuso a una Policía que no resguardó adecuadamente la escena, que permitió la contaminación de pruebas, que no controló el ingreso y salida de personas en un lugar donde cada rastro era vital. (Alejandro de la Borda, abogado de la familia).
Yo acuso a una investigación que comenzó con vacíos, improvisaciones, defectos y omisiones que hoy generan más dudas que certezas.
Yo acuso al sistema forense que no recolectó de inmediato las muestras esenciales, que obligó a solicitar después pruebas que debieron haberse levantado desde el primer momento: sangre, fluidos, rastros bajo las uñas; pruebas que no admiten descuido cuando se trata del cuerpo de una niña.
Yo acuso al Ministerio Público y a la Fiscalía de permitir que la investigación se vuelva confusa, de no ofrecer a la sociedad un proceso claro, transparente y riguroso, capaz de sostener una verdad sin fisuras.
Porque hoy hay un detenido, pero también hay preguntas, versiones contradictorias, objetos con rastros de sangre, denuncias de pruebas contaminadas. Hay hipótesis, pero no una certeza que calme la conciencia colectiva.
Yo no acuso por anticipar culpables. Yo acuso porque la justicia no puede ser una salida fácil.
Porque si alguien es culpable, debe serlo sin sombras, sin dudas, sin atajos. Y si no lo es, el Estado no tiene derecho a fabricar culpables para cerrar expedientes y silenciar el horror.
Yo acuso al abandono institucional de los barrios periféricos; a las autoridades municipales que permitieron que lotes baldíos, oscuridad y maleza se conviertan en escenarios de muerte; a la ausencia de normativas efectivas que obliguen al mantenimiento de espacios abandonados; a la falta de luminaria pública y a la inexistencia de patrullajes constantes.
Porque el lugar donde se vive no debería determinar la calidad de la justicia que se recibe. Porque una niña no vale menos por vivir lejos del centro, por vivir donde el Estado llega poco o no llega nunca.
Yo acuso, señor Presidente, no solo por Yuvinka, sino por todas las niñas que crecen en territorios olvidados; por todas las mujeres que siguen siendo asesinadas mientras el Estado promete, anuncia, comunica y no logra prevenir.
No escribo movida por el odio, sino por la exigencia moral de la verdad; no para derribar personas, sino para señalar responsabilidades.
Porque gobernar no es solo administrar la economía: es proteger la vida. Porque un Estado que no cuida a sus niñas fracasa en su promesa más básica.
Yo acuso al silencio, a la impunidad, a la costumbre de aceptar lo inaceptable. Y escribo con la esperanza todavía viva de que este país no normalice la muerte, ni la violencia, ni el olvido.
Porque una niña asesinada no es una estadística: es una tragedia que nos acusa a todos.
(Esta columna se inspiró en el celebré J’accuse de Emilio Zolá de 1898)