En política, el cinismo no es un desliz: es una práctica. Y el gremio del transporte lo ejerce con disciplina histórica. Se declara en paro indefinido con el mismo libreto de siempre, sabiendo que cada bloqueo es un castigo colectivo. No negocia; impone. No persuade; presiona. La ciudadanía queda atrapada entre la urgencia de llegar y la resignación de pagar. El argumento cambia, el método no.
No es nuevo. En los años de la UDP, los paros prolongados castigaron a un país exhausto para torcer tarifas y decisiones. Décadas después, la escena se repitió en Santa Cruz: paro, calles tomadas, agresiones al Concejo Municipal y una negociación en sintonía política con el alcalde Jhonny Fernández. El resultado fue el de siempre: la tarifa que querían. Modus operandi intacto, costos socializados.
Ese poder no es solo callejero. Es político y económico. El gremio aprendió a traducir presión en representación: concejales, curules, voz propia en el Estado para blindar intereses corporativos. Mientras tanto, el beneficio mayor -el subsidio al diésel- fluyó durante años como una renta segura. Millones del Estado sostuvieron un sistema que prometió mejoras que nunca llegaron.
Porque en ningún municipio el servicio mejoró de verdad. En ninguno se renovó el parque automotor como se anunció. En ninguno se corrigió el trato al pasajero. La pregunta, entonces, deja de ser coyuntural y se vuelve estructural: ¿hasta cuándo se tolerará la dictadura de un gremio que vive del esfuerzo público y responde con paros privados? El país merece transporte, no chantaje.