La eliminación de la subvención a los combustibles, dispuesta mediante el Decreto Supremo 5503 del 17 de diciembre, marca un hito histórico. No se trata de una decisión sorpresiva ni improvisada, sino del desenlace inevitable de un modelo económico perverso que dilapidó el excedente del ciclo económico de mayor prosperidad.
El modelo también acabó con las reservas internacionales y el oro. Luego, para seguir gastando como en los tiempos de bonanza, apelaron al crédito externo. En determinado momento también imprimieron papel moneda para financiar la millonaria subvención. El déficit fiscal, en gran medida afectado por la subvención, fue financiado también con fondos de la Gestora. Algo, ciertamente, de terror.
Al final, después de todo ese desastre, la subvención resulto siendo también una enorme fuente de corrupción. Desviaban casi la mitad del combustible. El daño ha sido enorme.
Por cálculo político, la discusión sobre la subvención fue postergada. Hoy, esa verdad ya no puede ser ocultada y el Gobierno tiene la enorme responsabilidad, con la historia, de asumir el alto costo político de lo que significa el ajuste.
Si no se corrige ese desequilibrio estructural, el desenlace puede ser catastrófico, con mayores costos sociales, de los que el ajuste está provocando hoy.
En tiempos de bonanza, la subvención es loable, pues es sostenible. Es un mecanismo de protección social. Ahora, es absolutamente insostenible en tiempos de déficit fiscal. Durante diez años, desde el fin de la bonanza el 2015, la diferencia entre gastos e ingresos estuvo, en promedio, en el orden del 10% del Producto Interno Bruto (PIB).
En el contexto actual, económicamente, la subvención es, material y objetivamente, imposible. Por otro lado, es importante señalar que la subvención incentivó el contrabando y propició la presencia de mafias y consorcios, incluso desde el propio Estado.
Estamos en la otra cara de esos tiempos de bonanza que Bolivia vivió entre el 2008 y el 2014. Fue extraordinaria e irrepetible. Los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) aumentaron geométricamente. En doscientos años, Evo Morales fue, sin exagerar, el presidente que con más recursos gobernó. También, obvio, el que más dilapidó.
Sin embargo, lejos de aprovechar la coyuntura para diversificar la matriz productiva y no depender solo del gas, el excedente fue utilizado para expandir el gasto público, consolidar subsidios y profundizar una lógica redistributiva orientada a la reproducción del poder. El modelo funcionó mientras hubo plata para repartir, pues luego de la abrupta caída de los ingresos, el modelo colapsa.
Los dólares que ingresaban por exportación de gas a Argentina y Brasil —más de 6.000 millones en 2014— hoy apenas bordean los 1.500 millones. A ello se suma un dato demoledor: solo en el 2024, Bolivia destinó alrededor de 4.500 millones de dólares para importar combustibles a precios subvencionados. Los ingresos del gas ya no alcanzan siquiera para comprar gasolina y diésel.
Ahora bien, el problema se agravó porque el gasto público nunca se ajustó a la realidad. Entre 2015 y 2025, el déficit fiscal promedio alcanzó el 10% del PIB. Diez años consecutivos de déficit acumulado. En una primera etapa, ese gasto fue financiado con las Reservas Internacionales Netas, que el 2014 alcanzaban los 15.000 millones de dólares. Para fines del 2025, ese monto se redujo a cerca de 1.700 millones, de los cuales una mínima parte está en divisas.
Si esta trayectoria no se corrige, con el fin de la subvención y los ajustes contemplados en el Decreto, el desenlace puede ser fatal. Un escenario similar al que vivió Bolivia en la década de los ochenta bajo el gobierno de la UDP: Hiperinflación, escasez y colapso. La trampa de gastar más de lo que se tiene, acaba siempre afectando, en grado sumo, a las clases de escasos ingresos, quienes son, al final, los inocentes que pagan “los platos rotos”.
Los regímenes populistas, como el que tuvimos durante dos décadas, suelen atravesar una fase de auge y “gloria”, alimentada por un gran excedente económico. Ese excedente, manejado políticamente, aumenta la inversión pública, bonos y subsidios. La lógica es reproducirse en el poder.
A partir del 2015, sin embargo, los ingresos se redujeron drásticamente, pero el gasto permaneció inalterable. Como dijimos, primero consumieron los ahorros externos, luego recurrieron al endeudamiento interno y externo. En pocos años, la deuda se incrementó en más del 100%.
El Decreto 5503 no elimina un beneficio popular; pone fin a una mentira fiscal prolongada. La decisión de eliminar la subvención es dolorosa, pero inevitable. El verdadero debate no es si debía hacerse, sino por qué se demoró tanto. El régimen masista transfirió los costos políticos del despilfarro al siguiente ciclo.
La subvención no cayó en diciembre. Colapsó el día en que se decidió sostenerla con déficit, reservas y deuda. Hoy, simplemente, se acabó el margen para seguir fingiendo.