Cada inicio de año escolar, Bolivia renueva promesas y expectativas. Sin embargo, este lunes 2 de febrero, cuando oficialmente se inaugura la gestión educativa 2026, el país no puede seguir ignorando indicadores que llevan años advirtiendo un problema estructural. Los avances en cobertura son innegables: la tasa neta pasó del 77% en 2012 al 86% en 2022 y el abandono escolar se redujo de más de 160.000 estudiantes en 2000 a menos de 51.000 en 2023. Pero esos logros cuantitativos conviven con una crisis silenciosa de calidad.
Las evaluaciones disponibles revelan una realidad alarmante. Siete de cada diez estudiantes de tercer grado y ocho de cada diez de sexto se ubican en los niveles más bajos de comprensión lectora. En matemáticas, la situación es aún más crítica: ocho de cada diez en tercer grado y nueve de cada diez en sexto no alcanzan los desempeños esperados. Estos datos no son anecdóticos ni coyunturales; reflejan un sistema que no está logrando que sus estudiantes adquieran habilidades básicas.
Las consecuencias de este déficit van mucho más allá del aula. Un país que no logra que su niñez lea, comprenda y razone matemáticamente limita su capacidad de desarrollo económico, debilita su institucionalidad democrática y reduce las oportunidades de movilidad social. La educación deja de ser un instrumento de igualdad para convertirse, paradójicamente, en un factor que reproduce desigualdades.
Esa brecha se profundiza cuando se observa el territorio. Aunque el acceso ha mejorado, sigue siendo profundamente desigual. Las niñas, niños y adolescentes de familias pobres, del área rural, con alguna discapacidad o pertenecientes a pueblos indígenas enfrentan mayores riesgos de exclusión o rezago.
A ello se suman largas distancias, barreras geográficas y una mayor exposición a eventos climáticos adversos. El resultado es previsible y está documentado: los puntajes promedio de estudiantes rurales e indígenas son sistemáticamente más bajos que los de sus pares urbanos, ampliando brechas que luego se trasladan al mercado laboral y a la vida cívica.
Todo esto ocurre en un contexto paradójico. Bolivia es uno de los países de la región que más invierte en educación: el gasto público social supera el 8% del Producto Interno Bruto desde hace más de una década, solo por debajo de Uruguay. Sin embargo, los resultados son abismalmente distintos. La evidencia obliga a una conclusión incómoda pero necesaria: el problema no es cuánto se gasta, sino cómo se gasta.
Otro tema a considerar es formación docente que permanece anclada en el pasado. Muchos maestros egresan de las normales sin competencias suficientes en tecnologías de la información y la comunicación. En un mundo impulsado por la ciencia, la innovación, la programación y la inteligencia artificial, la escuela boliviana sigue operando con herramientas del siglo XX.
También es urgente revisar los contenidos y la bibliografía. Persistir en una sola versión oficial de la historia, que invisibiliza regiones y procesos, empobrece la formación crítica de los estudiantes. Una educación de calidad no teme a la pluralidad ni al debate; los necesita para formar ciudadanos capaces de comprender su país en toda su complejidad y diversidad.
La falta de intervención decidida amenaza con consolidar tres crisis simultáneas: de equidad, porque miles de niñas y niños siguen fuera del sistema; de calidad, porque muchos de los escolarizados no adquieren competencias básicas; y de relevancia, porque la educación no prepara a las nuevas generaciones para el mundo que ya habitan. No es casual que solo tres de cada diez estudiantes consideren adecuada la educación que reciben.
El inicio del año escolar debería ser el momento para asumir estas verdades incómodas y actuar en consecuencia. Porque la pregunta de fondo sigue sin respuesta y exige decisiones urgentes: ¿se puede educar para el futuro con un sistema del siglo XX? Mientras esa interrogante no se traduzca en reformas reales, Bolivia seguirá inaugurando calendarios, pero postergando su porvenir.