El arranque del nuevo ciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para el periodo 2025-2030 constituye un punto de inflexión en el panorama político de Bolivia. Tras la sesión final del periodo 2020-2025, que cerró con una gestión criticada por su baja productividad normativa, la nueva composición parlamentaria abre un escenario distinto, marcado tanto por oportunidades como por desafíos estructurales.
La ALP entrante muestra una redistribución significativa de poder: el Partido Demócrata Cristiano (PDC) emerge como primera fuerza, seguido por otras agrupaciones como las alianzas Libre y Unidad, mientras que el Movimiento al Socialismo (MAS) queda drásticamente reducido en términos de representación. Esta nueva configuración plantea un parlamento que ya no está dominado de manera hegemónica por un solo bloque, lo que ofrece un entorno propicio para la negociación y los consensos, pero también potencia la fragmentación, la falta de mayorías claras y los riesgos de parálisis.
Con este nuevo escenario, la ALP tiene ante sí varias tareas estratégicas que trascienden lo rutinario. En primer lugar, deberá dotarse de directivas internas y normativas de funcionamiento para el quinquenio, lo que ya fue convocado desde el 3 de noviembre de 2025. En segundo lugar, tiene la responsabilidad de abordar temas cruciales para la institucionalidad: por ejemplo, la designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los tribunales departamentales, lo que abre el camino para reformas en la gobernanza del sistema electoral. Estos dos ejes -organización interna y reforma institucional,- pueden marcar un salto de calidad en los mecanismos democráticos del país, si se realizan con transparencia y pluralismo.
Sin embargo, el nuevo ciclo inicia con el lastre de la anterior gestión: entre 2020 y 2025, la ALP aprobó tan solo 284 leyes, el registro más bajo en su historia desde la Constitución de 2009, lo que equivale a un promedio de 57 normas por año frente a las 130 de gestiones anteriores. Este dato evidencia una debilidad en la capacidad del Parlamento para legislar, así como en su rol de fiscalización y control político. Esa herencia plantea una advertencia: sin una mejora sustancial en eficiencia y resultados, el nuevo ciclo también podría quedar definido por la inacción.
El primer riesgo es la polarización. Al ceñirse a una configuración parlamentaria más equilibrada, los bloques podrían caer en una práctica habitual: se negocia con cálculo, se bloquea sin distinción, se busca ventaja partidaria antes que el bien común. El segundo riesgo es la deslegitimación institucional: la ciudadanía observa cada vez con más distancia a los parlamentos poco productivos o rehenes de clientelismos. Si la ALP no muestra avances concretos -leyes vinculadas con derechos, transparencia, buen gobierno-, corre el peligro de perder respaldo social.
Precisamente porque la ALP es “plurinacional” por definición, su mandato va más allá del tradicional control del poder ejecutivo. Debe articular diversidad cultural, territorial y social, incorporando la voz de todos los sectores y organizaciones ciudadanas. Esto exige un Parlamento capaz de generar leyes sensibles a esa pluralidad y, al mismo tiempo, ejercer un control sobre el poder que responda a la complejidad del Estado boliviano moderno. La tarea no es menor: hacer que la plurinacionalidad deje de ser un enunciado para convertirse en práctica legislativa, en norma con rostro social.
En suma, este nuevo ciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional abre una ventana de posibilidad para la renovación institucional. No obstante, está condicionado por su capacidad real para legislar, fiscalizar y articular el pluralismo boliviano. No basta con que cambie la composición: necesita cambiar la cultura parlamentaria. Será allí donde se definirá si esta ALP logra ganar legitimidad y produce resultados tangibles, o si, por el contrario, termina replicando la rutina de inacción que tanto ha dañado la percepción ciudadana. En ese sentido, no solo arranca un nuevo periodo legislativo, sino también una prueba de madurez para la democracia boliviana.
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