Mientras Bolivia se concentra en el cambio de gobierno y los nuevos equilibrios políticos, lo importante parece quedar en pausa. Sin embargo, el medio ambiente no puede esperar. Los incendios forestales que arrasaron el país en los dos últimos años siguen dejando una estela de destrucción silenciosa sobre los bosques, las economías locales y la biodiversidad. Lo urgente es la política; lo esencial, la vida.
En 2024, Bolivia sufrió el incendio forestal más grande de su historia. Más de 12 millones de hectáreas ardieron -según distintas mediciones-, afectando principalmente a Santa Cruz, Beni, Pando y Cochabamba. En el Territorio Indígena Monte Verde se quemó el 80% de sus 950 mil hectáreas. Las pérdidas superan los Bs 7,7 millones, según Apcob, que trabaja con comunidades chiquitanas dedicadas al aprovechamiento del cusi, el copaibo, la miel y el café. La tierra tardará años en recuperar su fertilidad y las familias, aún más tiempo en reconstruir sus medios de vida.
Los incendios también despojaron de riqueza a la producción maderera: la Cámara Forestal de Bolivia calcula que se perdió más del 50% de la capacidad productiva del bosque. Cada hectárea calcinada representa un golpe económico, ambiental y social. Son bosques que no volverán a ser los mismos en décadas, comunidades desplazadas, suelos empobrecidos, ríos contaminados y especies que desaparecen. Según los expertos, más del 90% de los incendios son provocados. El chaqueo, aunque tradicional y barato, se ha convertido en una práctica obsoleta, incompatible con la magnitud de los daños que causa.
El crecimiento de la frontera agrícola -que el poder político alentó con un discurso de soberanía alimentaria- debe ser revisado con responsabilidad y sin ideologías. En nombre de la Madre Tierra, el Estado permitió la vulneración de áreas protegidas y el avance de la deforestación ilegal. El fuego, lejos de democratizar la tierra, la convirtió en un negocio para los avasalladores. Y la retórica ambiental, tantas veces invocada en foros internacionales, terminó vacía frente a la realidad de un país que quema más de lo que planta.
Bolivia tiene, sin embargo, una oportunidad inmensa: generar recursos mediante la preservación del bosque. El mundo está dispuesto a pagar por cuidar lo que otros destruyen. Los bonos de carbono y los mercados verdes no son una moda, sino una alternativa concreta para diversificar la economía. Producir oxígeno puede ser más rentable -y éticamente superior- que otras actividades económicas. Apostar por sistemas agroforestales, restaurar lo perdido y valorar lo que aún queda podría transformar la tragedia en oportunidad.
El desafío ambiental no es técnico, sino político. Se requiere decisión para frenar los desmontes, para revisar las normas que favorecen el fuego y para establecer incentivos a la reforestación. También hace falta educación ambiental, transparencia en la gestión de la tierra y un sistema de control que funcione todo el año, no solo cuando las llamas llegan a las carreteras. La restauración no se logra con discursos, sino con presupuesto, ciencia y compromiso sostenido.
Cuidar el bosque no es una tarea de ambientalistas, sino una política de Estado. El país que planta árboles asegura su futuro; el que los quema, lo pierde. No se trata solo de salvar especies, sino de garantizar agua, alimento y dignidad para las próximas generaciones. Mientras los titulares se concentran en el relevo político, las brasas siguen humeando bajo los suelos del oriente. Ojalá el nuevo gobierno entienda que, sin bosques, no habrá economía que salvar ni patria que sostener.
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