Durante décadas, Bolivia fue consciente de que descansaba sobre una riqueza energética. Pero transformar el gas natural en desarrollo sostenido ha sido una tarea marcada por decisiones políticas erráticas y negociaciones que, muchas veces, beneficiaron más a empresas extranjeras que al propio país.
Los primeros hallazgos de gas se dieron en los años 50, mientras se buscaba petróleo en Camiri y Monteagudo. En aquel entonces, el gas carecía de valor comercial y se quemaba en antorchas. Pero las reservas comenzaron a crecer, y hacia los años 70 el país dio su primer paso serio hacia la exportación: un contrato con Argentina, firmado en 1974, permitió vender gas por gasoducto a precios subsidiados.
Durante los años 80 y 90, el país siguió descubriendo nuevas reservas, pero carecía de infraestructura y mercado. El proyecto de exportar gas por puertos chilenos —una alternativa económicamente viable— fue bloqueado por razones históricas y políticas, lo que limitó el alcance estratégico del recurso.
El gran salto llegó en 1996 con la firma del contrato de exportación de gas a Brasil. El acuerdo implicó la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil, uno de los proyectos energéticos más grandes de la región. En 1999 empezó a operar y duplicó la producción. Pero las condiciones del negocio volvieron a generar críticas: gracias al modelo de capitalización, empresas privadas controlaban el 82% de las utilidades.
Guerra del gas
En 2002, Bolivia se encontraba en la antesala de un salto histórico: convertirse en exportador mundial de gas natural licuado (LNG) con destino a Estados Unidos y México. Las reservas certificadas llegaban entonces a 54,3 trillones de pies cúbicos y el país era visto como una potencia energética emergente en Sudamérica. Ese fue el contexto en el que nació el ambicioso proyecto Pacific LNG, un plan que proponía llevar gas boliviano al mercado californiano a través de puertos en Chile o Perú. La historia terminó de forma abrupta, atravesada por crisis políticas, intereses externos y la histórica disputa con Chile.
En octubre de 2003, la tensión estalló. La ciudad de El Alto fue el epicentro de una insurrección social que paralizó al país. Las protestas contra la exportación de gas por Chile se combinaron con una crisis de legitimidad del gobierno. El resultado: más de 60 civiles muertos por represión militar, la renuncia y huida de Sánchez de Lozada y el entierro definitivo del proyecto Pacific LNG. Desde Este episodio es conocido como la Guerra del Gas.
Auge y declive
Si bien Bolivia exportaba gas, no manejaba el precio ni la infraestructura. Esta situación recién cambió en 2006, cuando el gobierno de Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos y renegoció los contratos. La participación estatal aumentó a más del 50%, y la renta petrolera superó los $us 38.000 millones entre 2006 y 2018.
Ese auge, sin embargo, ocultó un problema de fondo: no se invirtió lo suficiente en exploración ni en diversificación de mercados. A partir de 2015 la producción cayó, y hoy Bolivia enfrenta una crisis de abastecimiento. Ahora, depende cada vez más de la importación de diésel y gasolina.
En 2002, Bolivia se encontraba en la antesala de un salto histórico: convertirse en exportador mundial de gas natural licuado (LNG) con destino a Estados Unidos y México. Las reservas certificadas llegaban entonces a 54,3 trillones de pies cúbicos y el país era visto como una potencia energética emergente en Sudamérica. Ese fue el contexto en el que nació el ambicioso proyecto Pacific LNG, un plan que proponía llevar gas boliviano al mercado californiano a través de puertos en Chile o Perú. La historia terminó de forma abrupta, atravesada por crisis políticas, intereses externos y la histórica disputa con Chile.
En octubre de 2003, la tensión estalló. La ciudad de El Alto fue el epicentro de una insurrección social que paralizó al país. Las protestas contra la exportación de gas por Chile se combinaron con una crisis de legitimidad del gobierno. El resultado: más de 60 civiles muertos por represión militar, la renuncia y huida de Sánchez de Lozada y el entierro definitivo del proyecto Pacific LNG. Desde Este episodio es conocido como la Guerra del Gas.
Si bien Bolivia exportaba gas, no manejaba el precio ni la infraestructura. Esta situación recién cambió en 2006, cuando el gobierno de Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos y renegoció los contratos. La participación estatal aumentó a más del 50%, y la renta petrolera superó los $us 38.000 millones entre 2006 y 2018.
Ese auge, sin embargo, ocultó un problema de fondo: no se invirtió lo suficiente en exploración ni en diversificación de mercados. A partir de 2015 la producción cayó, y hoy Bolivia enfrenta una crisis de abastecimiento. Ahora, depende cada vez más de la importación de diésel y gasolina.