Nicaragua declaró “traidores a la patria” a 94 opositores exiliados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, despojándolos de su nacionalidad e inhabilitándolos de por vida a ejercer cargos públicos. Una medida que alarmó al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
Además de Belli y Ramírez, quien fue vicepresidente del Gobierno sandinista de la década de 1980 que encabezaba el actual mandatario Daniel Ortega, entre los sancionados figuran el obispo católico Silvio Báez, los excomandantes guerrilleros Luis Carrión y Mónica Baltodano, y la activista de derechos humanos Vilma Núñez.
En la lista de sancionados hay políticos de distintos partidos y formaciones opositoras, exfuncionarios gubernamentales, exguerrilleros sandinistas, activistas de organismos no gubernamentales y periodistas.
El presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, leyó ante medios oficialistas la resolución que despojó de la nacionalidad nicaragüense a las 94 personas consideradas “prófugas de la justicia”.
“Los acusados ejecutaron y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando a la desestabilización del país, promoviendo bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras, todo en perjuicio de la paz y el bienestar de la población”, indicó el magistrado.
“Por estos hechos, a los acusados no se les puede considerar ciudadanos nicaragüenses”, añadió.
ONU condena la medida
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América Central condenó “de la manera más enérgica esta nueva ola de violaciones a los DDHH”.
“Llamamos al Estado a cesar de inmediato la persecución y represalia contra defensores de DDHH y voces disidentes, y restituirles todos sus derechos y libertades”, tuiteó la Oficina.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se dijo “alarmado” por la decisión del Gobierno nicaragüense de despojar de la nacionalidad y de sus bienes a 94 opositores, informó su portavoz.
“El secretario general estaba alarmado de ver la decisión del Gobierno de Nicaragua de despojar a 94 de sus ciudadanos de sus derechos civiles y políticos, en particular la nacionalidad y el derecho a la propiedad”, dijo Guterres a través de su portavoz Stéphane Dujarric.
“El derecho a la nacionalidad es un derecho fundamental. No debe haber persecución ni represalias contra los defensores de los derechos humanos o las personas que expresen opiniones críticas”, agregó.
“Cabe recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que nadie debe ser privado de ella arbitrariamente”, recordó.
Guterres “insta al Gobierno a que libere a las personas que quedan todavía bajo las mismas condiciones sin despojarlas de su nacionalidad”, dijo Dujarric.
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BBC
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