Es una frase que se conoce desde los tiempos de Plutarco, en el imperio romano. Se refiere a la acción de los poderosos que prefieren eliminar a los portadores de noticias, cuando estas no son de su agrado. En Bolivia abundan los ejemplos, como cuando Evo Morales perdió el referéndum de 2016 y su ministro, Juan Ramón Quintana, no halló mejor argumento que culpar a los medios de comunicación independientes, a los que calificó como “cártel de la mentira”. El último, también de las filas del Movimiento Al Socialismo, ha sido el vocero de la Presidencia, Jorge Richter a quien no le agradan las noticias que divulga el periodismo no alineado con el oficialismo y no duda en considerar que hay una “corporación mediática”, que presenta los hechos de una manera diferente a como los ve el Gobierno, como si la mirada del oficialismo fuera la única posible. El informe de los peritos electorales de la OEA, que desnudaron el fraude electoral; así como el del GIEI que desnuda que hubo muertos antes y después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia en 2019 y que el afán de reelección indefinida fue el detonante de los hechos violentos de ese mismo año, sumado a la conclusión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentido de que la reelección indefinida no es un derecho humano son contundentes. El Gobierno ha desplegado muchas estrategias para cambiar la percepción e intentar posicionar que no hubo fraude, sino golpe de estado y que los gobernantes de entonces fueron víctimas antes que prorroguistas. Pero nada de eso le ha funcionado en los hechos. Por lo que ahora va el ataque a los mensajeros de las noticias. La certeza de que hubo manipulación dolosa de las elecciones está sustentada con pruebas irrefutables. Y ahora, casi dos años después, el poder masista utiliza las instituciones del Estado (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, etc.) para desvirtuar ese funesto hecho. Como no consiguen el objetivo de imponer su verdad, entonces apuntan a los periodistas libres, libres para sacar sus propias conclusiones y divulgarlas sobre la base de los hechos concretos de la realidad. Lo hace un alto funcionario de Estado, pero también lo hacen los famosos “guerreros digitales”, quienes se esconden en falsas identidades para criticar, insultar, agraviar a medios y a personas que el gobierno repudia, porque tienen credibilidad y valentía para alzar la voz y mostrar lo que no está bien en el país. Lamentablemente, hay que mirar los modelos que hay en el continente y que son referentes para el gobierno nacional. Por ejemplo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien no titubeó al decir: “La libertad de expresión en la revolución sigue teniendo como límite el derecho de la Revolución a existir”; o sea, siempre que las opiniones o publicaciones no atenten contra los poderosos de la isla. En Venezuela sobran los ejemplos de ataque y censura a los medios, al igual que en Nicaragua, países donde obviamente no existe el respeto al derecho humano de la libertad de expresión. En este punto, hay que recordarle al ciudadano que la libertad de expresión y de información es su derecho y que, si es vulnerado, no se afecta al periodismo solamente sino a su propia libertad de ser, de opinar y de elegir qué medio seguir para informarse. Lo peor que puede pasar en Bolivia es que se normalice la censura. Que las voces gubernamentales digan qué se puede y qué no se puede expresar individualmente o a través de los medios de comunicación. Y, finalmente, que tanto amedrentamiento termine provocando autocensura.
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