Hay un profundo malestar en las Fuerzas Armadas de Bolivia por la forma en que se llevaron adelante los ascensos a generales. La médula del problema es la falta de institucionalidad demostrada en este procedimiento, que enfrenta al presidente Luis Arce con los militares. La evidencia ha sido el acto de entrega de sables. No se realizó en el Colegio Militar, como tradicionalmente se hacía; no fue frente a los oficiales, sino en la Casa Grande del Pueblo, en un acto deslucido, con algunos de los nuevos generales y algunos miembros del Poder Ejecutivo.
El origen de esta situación está en el momento en que el excomandante general de las FFAA, Williams Kalimán, pidió la renuncia de Evo Morales, cuando el país estaba sumergido en una de las peores crisis políticas de la historia nacional, tras conocerse el peritaje de la OEA que indicaba que hubo fraude en las elecciones de 2019. Ese hecho es imperdonable para el exmandatario, ahora devenido en jefe nacional del MAS. Tras ello, varios militares están presos y acusados por el calificado ‘golpe de Estado’, que el masismo se empeña en posicionar en su relato político.
El ascenso de generales debió darse el año pasado. Si bien son las Fuerzas Armadas las que elaboran las listas, es el Senado el que debe dar luz verde a las mismas, con dos tercios de votos, según mandan las leyes nacionales. Empero, los nombres propuestos para ello tenían observaciones desde el principio y la oposición se opuso a dar el visto bueno, en tanto no se corrijan y se respete la institucionalidad. Las objeciones partían del hecho de que las nóminas desplazaban a promociones de las FFAA a las que les correspondía el ascenso e incorporaban a otros oficiales que aún no habían llegado a merecer el sable correspondiente (un acomodo conveniente para los intereses partidarios).
Militares del servicio pasivo denuncian que para el ascenso se han tomado en cuenta factores políticos de afinidad con el MAS y con Evo Morales, en vez de factores que tienen que ver con la carrera castrense. Remarcan que, al entregar los sables correspondientes, el presidente Luis Arce demandó que las Fuerzas Armadas defiendan al Gobierno. Refieren también que el mandatario no se reúne una vez por semana con el Alto Mando Militar, como una señal de ese distanciamiento existente.
La aprobación de los ascensos se dio en una sesión anómala de la Cámara de Senadores: la agenda no fue conocida con anticipación y, cuando la reunión estaba siendo convocada se llegó incluso a bloquear los ascensores para evitar la presencia de la oposición. Finalmente, las listas fueron votadas solo entre miembros del MAS, con dos tercios de los presentes, en un acto que burló los principios democráticos con los que debe funcionar el Poder Legislativo nacional.
El descontento es evidente, tanto así que el acto de imposición de grados tuvo que ser suspendido el jueves a última hora en la Casa Grande del Pueblo. Desde el Ejecutivo dijeron que fue por problemas de agenda del presidente Luis Arce, pero el argumento resulta poco creíble dada la importancia del acontecimiento. Los militares del servicio pasivo aseguran que fue para evitar protestas en las filas castrenses. Finalmente, la entrega de sables se hizo el viernes, con poca asistencia y con muchas sillas vacías.
Desde las Fuerzas Armadas señalan que estas acciones políticas, que desconocen la institucionalidad, pueden dar lugar a la desobediencia en la entidad y desmotivan a los militares más jóvenes que ven que se premia la línea política antes que la buena trayectoria en su carrera.
Lo visto es lamentable y demuestra una falta de respeto a una institución tan importante para Bolivia. El MAS, a la cabeza de Evo Morales, juega con fuego. El presidente Luis Arce tiene la oportunidad de devolver institucionalidad al país, que es la única vía para garantizar la democracia en Bolivia.