El Gobierno de los Estados Unidos (EEUU) sumó ayer una opinión de preocupación por la situación de los derechos humanos en Bolivia y el incumplimiento del debido proceso.
Además, Human Right Watch (HRW), una entidad internacional independiente, volvió a poner sobre el tapete sus duras observaciones respecto independencia judicial de Bolivia en el informe mundial que fue presentado ayer.
El miércoles, según Europa Press, un portavoz de la Unión Europea (EU) encomendó a las autoridades del gobierno del presidente Luis Arce evitar cualquier hecho de violencia. La Cancillería dijo que no existía un pronunciamiento formal de ese bloque de naciones.
Pero, en ese mismo tono, ayer hubo otro pronunciamiento, esta vez desde el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, exhortó, de este modo, a buscar el diálogo por la paz, la unidad y el respeto a los derechos humanos. “Nos preocupa los reportes de violencia en Bolivia desde el 28 de diciembre”, escribió en su cuenta en twitter.
Según Nichols, en Bolivia se debe respetar los derechos humanos, que incluyen el debido proceso y la libertad de expresión, establecidos en la Constitución y convenciones de alcance internacional.
Desde la detención violenta del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el país enfrenta varias protestas, promovidas por activistas y dirigentes de los comités cívicos.
La abogada y exconstituyente Magda Calvimontes consideró que no hay voluntad de diálogo en ninguna de las partes, esto porque existe la vulneración al derecho a la libertad y el debido proceso contra los opositores.En su criterio, es una ruleta rusa que viene desde el gobierno de Evo Morales y continuó en la gestión transitoria de Jeanine Áñez. “Todos quieren llevar agua a su molino. La única solución es que se procese también a Evo Morales y a Álvaro García Linera, sumado a todos aquellos que hicieron abandono de sus funciones. Los procesos instaurados sin respetar el debido proceso vigentes como el caso de Áñez, Pumari, Camacho y otros deben ser anulados”, opinó Calvimontes. Para la HRW, el sistema de justicia de Bolivia “sufrió los efectos de la interferencia política durante los gobiernos de Morales (2006- 2019) y Áñez (2019-2020), mientras “el presidente Luis Arce, que asumió el cargo en noviembre de 2020, no ha impulsado una reforma de la justicia”, tal como lo había planteado cuando llegó al poder. “Arce apoya acusaciones infundadas y desproporcionadas de terrorismo y genocidio contra la expresidenta Áñez. En junio de 2022, la justicia la condenó a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, definidos de forma muy amplia en Bolivia. Las autoridades no le permitieron a Áñez asistir a su juicio en persona”, sostiene el informe mundial 2022 que la HRW presentó ayer. “Nadie ha sido juzgado por los 37 asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas por las elecciones de 2019, incluidas 20 personas que murieron en dos masacres cuando, según lo señalaron testigos, fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes”, señala el reporte. Desde el MAS, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), rechazó los informes y percepciones planteados desde los Estados Unidos. “Sus intentos por dañar a gobiernos democráticamente electos en América Latina son recurrentes, esto por oscuros intereses económicos y políticos”, apuntó el joven político desde su cuenta en Twitter.