En Bolivia, la creciente presencia de empresas chinas en proyectos de infraestructura no siempre responde a créditos otorgados por Beijing. En varios casos, estas compañías se adjudican contratos con fondos del propio Estado o de organismos internacionales. El mecanismo, según especialistas, opera dentro de la ley, pero está diseñado de manera que favorece a ciertos actores y limita la competencia real.
El economista e investigador Julio Linares señala que el proceso se basa en licitaciones preparadas para que fracasen en sus primeras etapas.
“Los términos de referencia suelen elaborarse con requisitos imposibles de cumplir para cualquier empresa. Eso asegura que la convocatoria sea declarada desierta. Luego, en la segunda convocatoria, se endurecen aún más las condiciones. Recién en la tercera instancia, la ley permite una invitación directa, y ahí es donde entra la firma que ya estaba prevista”, explica.
Este procedimiento, amparado por la normativa, abre espacio para la discrecionalidad y acuerdos previos. “Al final, es un juego legal, pero con la corrupción plantada de antemano. El problema es que ya se ha vuelto una práctica normalizada en distintos niveles del Estado”, añade Linares.
Créditos condicionados Rolando Schrupp, expresidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, coincide en que el financiamiento chino suele estar diseñado para beneficiar a sus propias empresas. “Muchas veces los créditos vienen condicionados. Eximbank presta dinero, pero con la condición de que se contrate a empresas chinas. En realidad no es un préstamo abierto, sino un negocio circular dentro de la misma China”, apunta. Advierte que este mecanismo genera una ilusión de financiamiento: “Al final no son donaciones, son deudas que terminamos pagando los bolivianos, mientras los recursos vuelven al país que los presta. Es como si le doy plata a alguien, pero solo para que la gaste en mi tienda”, ejemplifica. Schrupp sostiene que el problema va más allá del crédito. Muchas firmas chinas logran adjudicarse proyectos financiados por el Estado boliviano o por organismos multilaterales, desplazando a competidores locales mediante requisitos que resultan imposibles de cumplir. “Se piden garantías o experiencias que ninguna empresa nacional tiene, como haber construido miles de kilómetros de carreteras o trenes. Eso crea un monopolio y fomenta lo que yo llamo un colonialismo empresarial”, subraya. Pese a la imagen de grandes corporaciones globales, Linares recuerda que muchas de las compañías chinas que operan en Bolivia no son reconocidas en su propio país. Su ingreso depende de alianzas con empresas bolivianas, que aportan experiencia técnica y ejecutan la mayor parte de la obra, mientras la firma extranjera aporta capital y se queda con la adjudicación. “En la práctica, los proyectos se construyen con personal y maquinaria local. Lo paradójico es que los bolivianos terminamos siendo subcontratistas en nuestro propio país, para un patrón chino”, añade Schrupp. Deuda bilateral. Con los datos preliminares, del Banco Central de Bolivia (BCB) a julio de 2025, la deuda del Estado boliviano con la República Popular China es de $us 1.180,5 millones. Este monto representa el 8,57% del total de la deuda externa del país para ese mismo período. Proyectos estratégicos. Bolivia firmó en noviembre de 2024 un acuerdo con la empresa china CBC (incluye a CATL) para construir dos plantas de extracción directa de litio.
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