El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Miguel Ángel Ríos, salió al frente este jueves para aclarar versiones difundidas en redes digitales que aseguraban que la Gestora Pública habría financiado al Gobierno con más de 8.700 millones de dólares provenientes de los fondos de pensiones.
“Queremos dejar en claro que la Gestora no presta dinero, invierte dinero”, afirmó la autoridad, al recalcar que todas las operaciones están regidas por la Ley 065 de Pensiones y su reglamentación, que obligan a que los recursos se coloquen en instrumentos de oferta pública bajo condiciones de igualdad para todos los emisores en el mercado de valores.
Ríos recordó que en el pasado, bajo la Ley 1732 aprobada en 1996 y durante el gobierno de Jorge Quiroga (2001), las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas estaban obligadas a invertir el 75% de los recursos en el sector público, lo que en la práctica convertía a las pensiones en una “caja chica” del Tesoro General de la Nación.
Actualmente, precisó, el portafolio de inversiones de la Gestora está distribuido en un 36,7% en bonos del Tesoro General del Estado (TGN) y del Banco Central de Bolivia (BCB), mientras que el restante 63,3% en otros sectores, entre ellos el sistema financiero bancario (50,6%), entidades no bancarias, y empresas de telecomunicaciones, eléctricas, hidrocarburos, minería y transporte, además de inversiones en el extranjero.
“Se trata de una cartera diversificada que disminuye el riesgo y garantiza rentabilidad”, sostuvo el viceministro.
Rentabilidad en alza
De acuerdo con Ríos, hasta agosto de 2025 la rentabilidad promedio de los fondos administrados por la Gestora alcanzó el 4,4%, por encima del 2,7% registrado en la última etapa bajo administración de las AFP privadas.
“Estos datos reflejan que la Gestora ha generado rendimientos favorables, que se traducen en mejores jubilaciones para los asegurados”, afirmó.
Durante la conferencia, el viceministro rechazó las afirmaciones de analistas que hablan de falta de transparencia o de uso de los aportes previsionales para financiar al Ejecutivo. “Se trata de informaciones sesgadas e incompletas que buscan desinformar a jubilados y asegurados”, advirtió.
Consultado sobre los cuestionamientos de algunos sectores mineros respecto a las inversiones en bonos del Banco Central, Ríos explicó que todas las decisiones pasan por un comité de inversiones que evalúa precio, plazo y tasa bajo parámetros de mercado.
En relación a las versiones que sugieren que la rentabilidad podría elevarse hasta un 10% con otro tipo de bonos, respondió que esas alternativas también son analizadas técnicamente, aunque advirtió que deben priorizarse los criterios de seguridad y sostenibilidad.
Finalmente, evitó referirse en detalle a la pérdida del poder adquisitivo del boliviano, aunque reiteró que la política de la Gestora apunta a garantizar el valor de los aportes y la estabilidad de las jubilaciones en el largo plazo.