La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) presentó este martes el Reglamento para Empresas de Tecnología Financiera (ETF), una norma que establece el marco legal para la operación de las denominadas fintechs en Bolivia. La nueva regulación obliga a todas las empresas tecnológicas que ofrecen servicios financieros, de valores o seguros a iniciar un proceso formal de adecuación antes del 31 de diciembre de 2025. De lo contrario, serán suspendidas.
El reglamento, aprobado mediante la Resolución ASFI 540/2025, forma parte del Decreto Supremo 5384 del 7 de mayo de este año, que dispuso que el órgano regulador debía emitir en 40 días una normativa específica para ordenar el funcionamiento de estas empresas. El documento establece que podrán operar legalmente solo aquellas fintechs que obtengan una licencia formal, hayan sido constituidas en el país o cuenten con alianzas con entidades supervisadas cuando se trate de firmas extranjeras.
Empresas deberán adecuarse y obtener licencia
La norma aplica tanto a nuevas empresas como a aquellas ya operativas. Las fintechs que actualmente prestan servicios sin estar reguladas deben presentar un plan de adecuación, que será evaluado por ASFI. Si cumplen con los requisitos, podrán recibir una licencia de funcionamiento plena o con restricciones. En caso de no cumplir con los mínimos exigidos, la solicitud será postergada o denegada.
Además, todas las empresas deben presentar garantías de seriedad, cumplir con requisitos técnicos y operativos, y someterse a supervisión directa por parte del ente regulador.
Una de las principales innovaciones del reglamento es la creación del “entorno controlado de pruebas”, un espacio regulado donde nuevas empresas o servicios podrán operar de forma limitada durante un periodo inicial de hasta 12 meses, prorrogables hasta 36 meses.
Este entorno permitirá probar productos innovadores en condiciones reales, pero bajo límites específicos de usuarios, operaciones y montos. Al finalizar el plazo, ASFI evaluará si autoriza el servicio de forma definitiva o lo rechaza. También podrá emitir normativas nuevas si considera que el servicio lo requiere.
Principios rectores
Durante la presentación, la directora ejecutiva de ASFI, Ivette Espinosa, explicó que el reglamento se basa en tres principios fundamentales: Innovación responsable, que exige el cumplimiento regulatorio sin afectar los derechos del consumidor; Interoperabilidad, que promueve la compatibilidad técnica entre plataformas; confidencialidad y reserva, que obliga a proteger los datos personales de los usuarios en todo momento.
Estos principios buscan equilibrar la modernización del sistema financiero con la estabilidad y la confianza del público.
Las empresas de tecnología financiera podrán ofrecer servicios como pagos digitales, billeteras electrónicas, plataformas de financiamiento colaborativo, soluciones blockchain, activos tokenizados y servicios vinculados a criptoactivos (bajo regulación). También podrán establecer alianzas con entidades locales, fusionarse o disolverse de forma ordenada, bajo supervisión de ASFI.
El reglamento reconoce y define nuevos conceptos vinculados al ecosistema digital, como activo virtual, tokenización, entorno de pruebas, ciberseguridad y proveedores de servicios de activos virtuales (PESAV).
Obligaciones, restricciones y sanciones
Las fintech deberán cumplir con requisitos mínimos en ciberseguridad, gestión de riesgos, políticas de privacidad, atención a reclamos y transparencia en la relación con el consumidor. Estarán prohibidas las prácticas como ofrecer servicios no autorizados, cobrar comisiones no pactadas, duplicar cobros por un mismo servicio o transferir datos personales sin consentimiento.
El incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en sanciones administrativas, suspensión de actividades o revocación de licencia.
Las empresas que ya operan deberán acogerse al proceso de adecuación antes del 31 de diciembre de 2025. De no hacerlo, perderán el derecho a prestar servicios financieros con tecnología en el país. Esta medida busca formalizar un sector que ha crecido rápidamente en los últimos años, pero que hasta ahora no contaba con una regulación específica.
Con este reglamento, Bolivia se incorpora al grupo de países que buscan fomentar la innovación financiera bajo reglas claras, que protejan al consumidor y mantengan la integridad del sistema.