La abogada chilena, analista legal de la firma internacional Loopa Finance, estuvo hace pocos días en Santa Cruz, como expositora en las 12° Jornadas Internacionales de Arbitraje, en las que se habló sobre el acceso al arbitraje en tiempos de crisis y el financiamiento por terceros.
- ¿Qué enseñanza dejan para el arbitraje haber atravesado una pandemia y ahora una crisis económica generalizada?
Desde la pandemia, el arbitraje comercial en Latinoamérica ha evolucionado aceleradamente. La virtualización forzada durante el confinamiento permitió comprobar que los procesos arbitrales pueden ser más ágiles, accesibles y eficientes cuando se apoyan en herramientas tecnológicas. Esto rompió la percepción de que el arbitraje era un mecanismo elitista y presencial, y abrió la puerta a una adopción más amplia en sectores y regiones que antes lo veían como lejano.
Pero la mayor transformación ha ocurrido después. La crisis económica que atraviesa la región, agravada por la inflación, la inestabilidad política y el retiro de inversiones, ha puesto al arbitraje en el centro de la estrategia de muchas empresas. ¿Por qué? Porque los sistemas judiciales locales están colapsados, son lentos y, en muchos casos, vulnerables a la corrupción estructural, lo que mina la confianza en su capacidad de impartir justicia efectiva.
En ese contexto, el arbitraje se consolida como un refugio para resolver disputas de forma más predecible, especializada y neutral, tanto entre privados como en controversias con el Estado.
- ¿Cuáles son los mayores conflictos que llevan a las empresas y/o Estados para acudir a un arbitraje actualmente?
En Latinoamérica, los conflictos suelen estar relacionados con incumplimientos contractuales, disputas en proyectos de infraestructura, conflictos en sectores regulados como energía, minería y telecomunicaciones, así como controversias derivadas de cambios regulatorios o medidas estatales que afectan inversiones privadas.
Por parte de las empresas, también son comunes los arbitrajes vinculados a fusiones y adquisiciones fallidas, conflictos societarios, ejecución de contratos de suministro, propiedad intelectual y situaciones de insolvencia.
- ¿Es muy costoso para una empresa o entidad encarar un proceso de arbitraje?
Implica una carga económica y logística considerable para cualquier empresa o entidad. Dependiendo del caso, los costos pueden superar fácilmente los cientos de miles de dólares, sumando honorarios de abogados, tasas del centro arbitral, gastos de peritaje, traducciones, y logística internacional. En muchos casos, esto representa un freno real para litigantes con un buen caso, pero sin liquidez suficiente para sostenerlo.
Latinoamérica, además, es una región con acceso limitado al crédito corporativo, especialmente cuando hay incertidumbre económica o conflictos legales en curso. Esto deja a muchas empresas atrapadas entre dos caminos difíciles: resignar sus derechos o comprometer su capital operativo. Ahí es donde entra Loopa.
Nuestro modelo transforma el litigio o el arbitraje en un activo financiero financiable, permitiendo a las empresas avanzar con su reclamación sin desviar fondos de su actividad principal. Financiamos casos desde 100.000 dólares hasta 4 millones.
- ¿Cómo puede ayudar la tecnología y la IA a la resolución de conflictos?
En Loopa no usamos tecnología o inteligencia artificial para reemplazar a los abogados ni para intervenir en las decisiones procesales. Lo que hacemos es usar la tecnología como herramienta clave en la toma de decisiones de inversión legal, con un enfoque riguroso, ágil y basado en datos.
Gracias a nuestro equipo interdisciplinario compuesto por abogados, ingenieros y especialistas en finanzas utilizamos la tecnología como una herramienta clave para analizar de forma eficiente la viabilidad de cada caso; monetizar litigios de manera estratégica, y optimizar procesos internos y garantizar agilidad.
- ¿Cómo ve la realidad boliviana en materia de arbitraje?
Desde Loopa entendemos que litigar en Latinoamérica no es lo mismo que litigar en otras partes del mundo. Los arbitrajes en la región suelen ser más extensos de lo habitual, debido a la complejidad institucional, la congestión del sistema judicial y, en algunos casos, la resistencia activa al cumplimiento de laudos arbitrales por parte de los Estados.
Bolivia es un claro ejemplo de esta realidad. Aunque existen laudos emitidos en contra del Estado, en la práctica suele haber grandes obstáculos para su ejecución. La falta de disposición a pagar lo que se debe —incluso cuando se trata de decisiones vinculantes— genera un clima de desconfianza jurídica que no solo afecta a quienes litigan, sino que desincentiva la inversión extranjera.
Porque si un país puede cambiar las reglas de juego de un momento a otro y luego no respeta el mecanismo de resolución de disputas que las partes acordaron, el mensaje para cualquier inversionista es claro: mejor mirar hacia otro lado.
PERFILEs abogada por la Universidad Diego Portales (Chile), con experiencia en litigios y arbitrajes. Trabajó como asociada en Garrigues, una de las firmas legales más reconocidas de Europa y América. Actualmente, se desempeña en Loopa Finance (antes Qanlex), un fondo especializado en la financiación de litigios.