El Gobierno del presidente Luis Arce Catacora sufre su primer revés político. Este jueves la Cámara de Diputados rechazó por mayoría el Presupuesto General de Estado (PGE) 2023, que fue presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que previamente fue aprobado por la comisión económica.
Los argumentos expuestos para el rechazo van desde el carácter centralista del documento hasta la legalidad de la directiva de la Cámara de Diputados, que es considerada irregular por el ala evista del Movimientos Al Socialismo (MAS).
PGE centralista
La diputada Luisa Nayar sostuvo que el PGE se rechazó porque asigna el 30% de los recursos para las empresas deficitarias, mientras que para las Gobernaciones, Alcaldías y Universidades Públicas, solo el 15%.
“Rechazamos que nuestra plata sea para mantener la militancia del MAS”, dijo la Legisladora.
El diputado opositor José Manuel Ormachea agregó que el “88% del presupuesto del país estaba destinado a la Plaza Murillo y solo el 12% a las regiones”.
“Además, priorizaba Defensa, Presidencia y Gobierno, y no salud, educación y justicia”, afirmó Ormachea.
El diputado oficialista Pedro Francisco Coro cuestionó la poca asignación que se ha hecho a Potosí, su lugar de origen. Observó que la región cuenta con muchas necesidades viales.
“Pedimos que la distribución de los recursos sea equitativa. En salud nos falta, en algunas regiones no tenemos hospitales, ni carreteras, ni unidades educativas”, reprochó.
Dijo que en algunas regiones las escuelas no tienen ni pupitres y pidió que el modelo económico llegue hasta estos lugares. “Como diputado tengo que velar por el bien de mi departamento. No estamos en contra del proyecto, tenemos que apoyar al Gobierno, pero los recursos deben llegar a nuestros departamentos y municipios”, dijo en su discurso a la hora de rechazar el PGE. Legalidad de la directiva De lado del oficialista, los parlamentarios denominados ‘evistas’ cuestionaron la legalidad de la nueva directiva de la Cámara de Diputados, a la cabeza de Jerges Mercado, electo con votos de diputados del ala arcista del MAS y legisladores opositores. Gladys Quispe, diputada masista, calificó de folleto el documento presentado por el Ministerio de Economía y, si bien reconoció que apoyan al Gobierno, dejó en claro que las acciones de la Cámara de Diputados son ilegales. Freddy Mamani, expresidente de la Cámara de Diputados, sostuvo que el presupuesto no contempla más ítems para educación y dijo que en el país hay un déficit de 7.000 cargos que son cubiertos con aportes que dan los padres de familia. Pero más allá de esos datos, al igual que Quispe el legislador cuestionó la legalidad de la directiva camaral. “Cómo seguimos aprobando las leyes cuando tenemos una ilegalidad. Tengo mis dudas, la justicia puede ser controlada pero no todo el tiempo”, manifestó.