La noticia de que la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) dejó sin efecto los 98 permisos para desmontes legales cayó como un balde de agua fría entre lo comunarios de Valle Verde, por lo que sus abogados alistan acciones legales para impugnar la decisión.
Iván Altamirano, uno de los abogados de la comunidad, durante el programa radial de EL DEBER, ¡Qué Semana!, sostuvo que el accionar de la ABT como del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), es irresponsable y poco serio.
Altamirano hizo notar que al principio el INRA tildó de extranjeros y avasalladores a los vivientes de la comunidad antes nombrada y luego retrocedió y reconoció su legalidad, aunque se observaron unas 2.000 hectáreas que serían tierra fiscal. Mientras que, ante la decisión de la ABT -de dejar sin efecto los 98 permisos de desmonte legal- Altamirano considera una grave desorientación de la institución que da luz verde para el desmonte y una vez realizado da marcha atrás. “Sobre este tema haremos la defensa legal. Se harán respetar los derechos de la comunidad que se enmarcan en la legalidad”, remarcó el abogado. A su vez, Darling Méndez, presidente del Comité Cívico de San José de Chiquitos (Santa Cruz), criticó las contradicciones del INRA y de la ABT, a tiempo de destacar el aporte económico y alimenticio de la comunidad que es productora de leche y sus derivados y de diferentes granos. En cuanto a los líos de la tenencia de la tierra, Méndez subrayó que será el pueblo josesano -en un cabildo- el que determinará qué pasos seguir a tiempo de invitar al director nacional del INRA, Eulgio Núñez, llegar hasta el lugar y no solo ver el tema desde su escritorio en La Paz.