En un comunicado dirigido a la opinión pública, el Comité expresó su sorpresa ante la celebración de un supuesto acuerdo entre la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el Gobierno Nacional, mediante el cual se suspendería la aplicación de esta disposición.
Según la postura de los sectores empresariales, dicha normativa abre el camino a la confiscación y decomiso de bienes, lo que ha generado un clima de preocupación en diversos gremios productivos del país.
Asimismo, el Comité aclaró que el presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, "no cuenta con ninguna representación dentro del Comité Multisectorial y que tampoco ha participado en los encuentros realizados por esta organización en los diferentes departamentos del país.
En ese sentido, el Comité desconoce y rechaza cualquier acuerdo que no haya sido debatido en sus instancias.
Ante esta situación, los sectores productivos y empresariales ratificaron su unidad y anunciaron que continuarán en estado de emergencia, impulsando movilizaciones escalonadas hasta lograr la derogación de la disposición en cuestión.
El pronunciamiento refleja el malestar de los gremios empresariales ante medidas gubernamentales que consideran lesivas para el sector privado, lo que podría derivar en nuevas tensiones entre el empresariado y el Ejecutivo en las próximas semanas.
El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, expresó su desacuerdo con el reciente acuerdo entre la CEPB y el Gobierno.
Antelo utilizó sus redes sociales para manifestar que “llamar ‘acuerdo’ a una dilación para reglamentar una norma que debe ser abrogada es aceptar su principio, y en este caso, el principio es nefasto: facultar al Estado a confiscar productos bajo el pretexto del agio es dinamitar la seguridad jurídica de la cadena productiva”.
El 11 de febrero, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el Gobierno decidieron congelar la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley Financial, que se refiere a los decomisos de productos en caso de agio y especulación. En su publicación, Antelo enfatizó que “la cadena productiva está cansada de estar en ‘el banquillo de los acusados’, de que se le frene la exportación y se le infunda miedo para comercializar en el país”.