La Asociación Nacional de Surtidores (Asosur) afinaba este miércoles su posición para la reunión que sostendrá por la tarde con autoridades del Gobierno y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en un contexto marcado por la emergencia que el sector declaró el martes y por su rechazo a la Resolución Administrativa 051/2024 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), norma que —según advierten— “asfixia” a las estaciones de servicio.
Una fuente cercana al sector informó a EL DEBER que el directorio de Asosur se encontraba reunido durante la mañana, ultimando los argumentos que serán expuestos ante YPFB, en busca de revertir una disposición que consideran lesiva para la sostenibilidad del negocio de los surtidores.
Mediante un comunicado difundido el martes, la entidad que aglutina a las estaciones de servicio expresó su oposición a la restricción que impide comercializar combustibles importados por privados sin renunciar previamente al contrato con YPFB, proveedor de carburantes subvencionados por el Estado. Dio un plazo de 48 horas al gobierno para atender la demanda, con la amenaza de iniciar un paro de actividades.
“Esta resolución, como ustedes saben, fue emitida por la ANH en la anterior gestión, y esta resolución, lo que indica es que cualquier estación de servicio que quiera comercializar un producto importado tiene que renunciar a su contrato con YPFB; esta situación no corresponde”, manifestó la gerente de Asosur Santa Cruz, Susy Dorado.
Además, Asosur alertó sobre la crítica situación económica del Gas Natural Vehicular (GNV). Según la asociación, las estaciones no pueden seguir operando a pérdida, por lo que demandan retomar de manera urgente el análisis de la estructura de costos del GNV. Advierten que, de mantenerse el escenario actual, se pondrá en riesgo la sostenibilidad del servicio a nivel nacional.
En su pronunciamiento, el sector también exige que todo combustible comercializado en Bolivia cumpla normas internacionales de calidad, con el objetivo de resguardar la seguridad de los usuarios y de las propias estaciones de servicio. Asimismo, solicita el respeto irrestricto a la Ley 3058, recordando que las estaciones son “el último eslabón de la cadena de los hidrocarburos” y responsables de garantizar seguridad, calidad, cantidad y continuidad del abastecimiento.
Las observaciones a la resolución
El punto más crítico para las estaciones de servicio es la cláusula de exclusividad, que obliga a las estaciones de servicio a elegir entre comercializar combustible importado —a precio de mercado— o mantener el suministro subvencionado de YPFB, sin posibilidad de operar ambos esquemas de forma simultánea.
Asimismo, los surtidores observan el incremento de la carga administrativa, que incluye reportes diarios de volúmenes, certificaciones de calidad por cada lote importado y la adecuación obligatoria al sistema B-SISA en plazos definidos.
Otro aspecto cuestionado es la diferenciación obligatoria por color de los combustibles importados, medida que, según el sector, genera desafíos logísticos y costos adicionales para garantizar las tonalidades exigidas por la ANH.
Finalmente, la norma establece que la autorización para importar combustibles es temporal, por un año, y que el retorno al mercado subvencionado de YPFB antes de ese plazo requiere una solicitud de conclusión anticipada, sujeta a evaluación técnica y legal, lo que añade incertidumbre para las estaciones de servicio.