El año arranca con viejos problemas. Un nuevo avasallamiento registrado en San José de Chiquitos volvió a encender las alarmas en el sector productivo, que denuncia que la toma ilegal de tierras se ha convertido en un delito recurrente y prácticamente impune en Bolivia. Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente, su presidente, Klaus Frerking, sostiene que la raíz del problema está en la falta de seguridad jurídica y en el incumplimiento sistemático de las leyes.
El dirigente remarcó que los avasallamientos no son un fenómeno exclusivo de Santa Cruz. Aseguró que estos hechos también se repiten en Cochabamba y Tarija, e incluso afectan a concesiones mineras en Potosí.
En ese contexto, cuestionó la ausencia de resultados concretos por parte del Estado y lanzó un desafío directo a las autoridades: “Que nos muestren cuántos detenidos y cuántos presos hay por estas tomas de tierra”.
Frerking fue más contundente al señalar que detrás de estos hechos operan mafias organizadas dedicadas al tráfico de tierras, las cuales —según afirmó— estarían incrustadas, tanto en el INRA como en organizaciones que facilitan y protegen estas acciones ilegales.
Recordó que el sector agropecuario denunció estos hechos de manera reiterada y cuestionó que continúen los mismos funcionarios de gestiones anteriores, pese a la gravedad de las acusaciones y al impacto económico de los avasallamientos.
Ante este escenario, el presidente de la CAO planteó como medida urgente una intervención real del INRA y su institucionalización. A su criterio, la entidad no puede seguir funcionando como un brazo político, sino como una instancia técnica que garantice el respeto a la propiedad y a la ley.
En ese marco, puso sobre la mesa el debate sobre las más de 17 millones de hectáreas tituladas a comunidades en el país y cuestionó cuántas de ellas están destinadas a la producción de alimentos y cuántas son utilizadas para el tráfico de tierras.
“El Gobierno se ha comprometido a devolver la seguridad jurídica a quienes invertimos y trabajamos. Eso solo será posible con reglas claras para todos los productores y para todos los bolivianos”, sostuvo Frerking.
Finalmente, el dirigente respaldó la reactivación de la Comisión Agraria Departamental (CAD), un tema pendiente desde finales del año pasado. Recordó que el sector privado acudió a la convocatoria impulsada por la Gobernación, pero la instancia no pudo sesionar por la ausencia del director del INRA, quien debe ejercer la secretaría y realizar la convocatoria formal.
Frerking aseguró que el sector productivo está dispuesto a participar y trabajar, pero dejó claro que, sin independencia institucional y cumplimiento de la ley, los avasallamientos seguirán marcando la agenda rural del país.