La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos Sahonero, encabezó este jueves una inspección sorpresa a las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz, junto a representantes de la Brigada Parlamentaria. La autoridad aseguró que el Gobierno se propone “devolver transparencia institucional” al departamento ante denuncias de retrasos en la entrega de títulos y presuntas redes de tráfico de tierras.
“Estamos en Santa Cruz y nos vamos a encargar de darle transparencia institucional. Ha habido una falta de entrega de títulos y vamos a regular eso con el presidente Rodrigo Paz”, afirmó Barrientos durante el operativo.
Según la viceministra, más de 363 títulos de propiedad están estancados en el Consejo de la Magistratura, más de la mitad correspondientes a Santa Cruz. Señaló que existen casos de documentos paralizados desde hace 10 y hasta 8 años, lo que ha afectado directamente a beneficiarios que esperan regularizar la posesión de sus predios.
La inspección incluyó la solicitud inmediata de documentación interna. Barrientos advirtió que el problema más grave no es solo la dotación irregular, sino el “tráfico de tierras”, un esquema que describió como una cadena de transferencias ilegales.
“Hay tráfico de tierra de manera muy fuerte en el país. Le entregan tierra a alguien, esa persona la lotea y termina vendiendo el territorio. Es muy complicado lo que está pasando en el INRA y la forma en la que se han ido trabajando las cosas”, sostuvo.
La autoridad indicó que el equipo ingresará a varias oficinas del INRA cruceño para recolectar información y avanzar en un proceso de investigación que se replica a nivel nacional.
Barrientos confirmó que el personal del INRA desconocía la visita. “Ellos no saben que venimos, pero vamos a ver en qué andan”, dijo antes de ingresar a los ambientes.
Calificó la acción como una “coordinación e inspección”, diferente a la intervención formal realizada en La Paz semanas atrás, que actualmente se encuentra en curso.
Consultada sobre la cantidad de casos irregulares detectados, Barrientos pidió prudencia y señaló que no se emitirán datos hasta contar con “certezas absolutas”.
“No podemos dar cifras sin tener procesos iniciados. Estamos trabajando para garantizar que la información que demos sea adecuada y que tengamos la prueba suficiente para iniciar procesos penales”, agregó.