Este es un fragmento del texto original publicado por La Brava
Texto: Aleja Cuevas / La Brava *Edición 32 / Lunes 6 de septiembre Los 11 guardaparques que deben vigilar el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amborótendrían que ser superhumanos para cumplir su misión. Personas con capacidades de teletransportación, con sentidos de la vista, el oído y el olfato ultradesarrollados, además de contar con tecnología para enfrentar quemas, tala, cacería y otro tipo de ataques contra un área cuya denominación de “protegida” va resultando una ironía. En la realidad, muy poco pueden lograr esas 11 personas en medio de las 637.600 hectáreas del parque ubicado en el oeste de Santa Cruz (Bolivia). A cada uno de esos vigilantes, en teoría le correspondería la responsabilidad de velar a lo largo y ancho de 58.000 hectáreas. Lo que hacen, en cambio, es lidiar como pueden para no abandonar la misión ante la falta de medios de transporte,combustible e incluso de equipamiento básico para moverse por tierra o por río. Además, de salir airosos si se topan con traficantes de recursos naturales, quienes suelen ser no sólo muchos, sino que pueden estar armados. Esa situación no es distinta a nivel nacional. El país tiene 22 áreas que proteger, con una extensión de 17 millones de hectáreas, lo que equivale a un 17% del territorio. Para lograr una buena cobertura se necesitaría de al menos 1.300 personas, calcula Santos Mamani, presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC). Y sólo hay 283, es decir algo más de la mitad respecto de los 509 de 2014, cuando ya era una cantidad insuficiente. Hay un “desarme” institucional del Sernap, afirma el vocero de la Coordinadora de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (CONTIOCAP), Alex Villca, lo que sumado al paquete de normas extractivas aprobadas por el gobierno de Evo Morales, resquebraja la resistencia de quienes por ley están facultados de hacer prevalecer las normas que protegen el patrimonio natural. El Sernap juega un rol nefasto, dice Villca: es el brazo operativo del Gobierno para facilitar un conjunto de actividades extractivas; dejó su rol de protector, de guardián del patrimonio natural y cultural del pueblo boliviano para ser facilitador y hasta guía para actividades que ambicionan la totalidad de las áreas protegidas. En la ruta de los guardianes Con “bolos” de coca en la boca, tal cual acostumbran los guardaparques, emprendemos junto a tres de ellos —Pedro, Arturo y Juan (nombres cambiados para resguardar su seguridad ante cualquier intimidación)— el recorrido por los ríos Mataracú y Coronel del parque Amboró. Esta reserva natural tiene cuatro ingresos, uno de ellos es por el municipio San Carlos, donde comienza nuestra incursión, en el sector Oriente Chichas. El cuerpo de protección, como se denomina al grupo de guardaparques, lleva mochilas con bolsas de pan de arroz y botellas de agua, cintas métricas y teléfonos celulares. Es por estas vías y sus afluentes —nos explican— que en época de lluvias los traficantes de madera hacen deslizar tablones talados, técnica que dificulta la detección si no se cuenta con la tecnología apropiada. Este ilícito es una de las primeras amenazas en el área que por su rica biodiversidad motivó el establecimiento de medidas para su protección desde 1973. La extracción ilegal de madera es una constante en el parque Amboró. Tras el recorrido, que hacemos a pie en época seca y por un río de piedras, ingresamos al Sendero de Interpretación, conocido así porque hay cascadas y piscinas que se forman naturalmente. Observamos pocos árboles de pobre follaje, pero también cenizas de fogón y un tronco de mara que señalan el paso de traficantes de madera. Ese tronco de unos 80 centímetros de diámetro y seis metros de largo es el testigo de la muerte que la ilegalidad siembra cotidianamente. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) interceptó en enero de 2020, en el trayecto del río Yapacaní, 160 tablones de madera mara proveniente del parque Amboró; y en abril del mismo año, 57 piezas de cuartones de madera. La cuarentena rígida obligada por la Covid-19 frenó la labor de control, pero parece haber estimulado a los depredadores, de acuerdo con el reporte de esta entidad. La superficie deforestada en Áreas Protegidas Nacionales en el periodo 2016-2017 fue de 15.396 hectáreas, el 51% de las cuales se encuentra en la categoría de Área Natural de Manejo Integrado; 36% en categoría de Parque Nacional, y 13%, en categoría Reserva Nacional, según el informe Deforestación en el Estado Plurinacional de Bolivia. Periodo 2016-2017. El 4 de septiembre se recuerda el Día Nacional de las Áreas Protegidas, establecido por Decreto Supremo 28315 de 2005, y asimismo es el aniversario de creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Sobre esta institución recaen los problemas y responsabilidades por la falta de guardaparques, despidos injustificados, situaciones de trabajo precarias para los que quedan, designación cuestionada de directores y escasos recursos nacionales asignados a las áreas naturales. Las consecuencias son una mayor deforestación, extractivismo y avasallamiento en la Amazonia boliviana. Oscar —otro guardaparque que se quedó en la oficina— nos contó que el control en el Amboró era más riguroso hace una década, cuando eran 30 personas las que hacían la vigilancia. “Había más control y nos respetaban. Estábamos tres o cuatro en cada campamento, espacio bien controlado y equipado, pero luego fueron saliendo los guardaparques, así que, siendo pocos, mientras íbamos a controlar un lugar, ya ingresaban (los traficantes) por otro lado”, dijo. El abandono de los campamentos y la falta de control y patrullaje fueron justificaciones para que, en marzo reciente, la Central de Comunidades Campesinas de Buena Vista, municipio donde está la oficina del Sernap, tome las instalaciones de esa entidad estatal y exija la renuncia de todo el personal.
Fotografía y videos: Shirley Ríos / La Brava