La preocupación crece entre los pobladores de la comunidad Cuevas, en el municipio de Samaipata, tras la ruptura de un ducto de gas provocada por una riada que tuvo lugar a finales de noviembre en uno de los afluentes del río Piraí. Aunque Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realizó una reparación de emergencia, los vecinos advierten que el peligro persiste y demandan una solución inmediata, segura y permanente.
A través de una carta enviada a la estatal petrolera, la comunidad expresó su alarma ante el riesgo que representa la infraestructura, ubicada cerca del cauce del río y de las viviendas.
“Este hecho fue de conocimiento público y generó alarma, miedo y zozobra en todas las familias. Si bien YPFB reparó el ducto y volvió a colgar el tubo, el peligro sigue presente porque las crecidas del río continúan”, señala el documento.
En la misiva, los pobladores plantean cuatro demandas concretas. La primera es la reubicación o adecuación estructural del ducto, con una solución técnica que evite que futuras riadas vuelvan a dañarlo. La segunda exige obras de protección tanto para el gasoducto como para el río, ante el incremento de lluvias previsto para la temporada.
Como tercera medida, solicitan la presencia de autoridades y técnicos de YPFB en la comunidad, con el fin de explicar de manera directa las acciones preventivas que se implementarán. Finalmente, reclaman la elaboración de un plan de seguridad y alerta temprana que permita informar oportunamente a la población en caso de nuevas crecidas, para evitar quedar expuestos y desinformados.
En contacto con EL DEBER, Abigail Rivera, presidenta de la OTB Cuevas, confirmó que el documento ya fue recibido por YPFB y que la comunidad espera una respuesta oficial.
“Pedimos que el ducto sea elevado lo más alto posible, al menos a unos cinco metros como estaba antes. Ahora está a solo dos metros y eso representa un riesgo. Si vuelve a romperse, como es gas tóxico, una chispa podría provocar una explosión y poner en peligro a toda la comunidad”, advirtió la dirigente.
Los vecinos insisten en que no se trata de una queja aislada, sino de una alerta preventiva, y exigen que la empresa estatal actúe antes de que una nueva riada convierta el riesgo en una tragedia.