El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó, mediante una sentencia constitucional, la acción de inconstitucionalidad que interpuso el alcalde Jhonny Fernández en 2022 en contra de la Ley 1503 “Ley de modificación a la Ley Autonómica Municipal”, que señala que los contratos deben pasar por el Concejo Municipal para su revisión, previa firma del burgomaestre. La respuesta llega después de tres años.
Eso sí, la sentencia de la entidad observa tres aspectos de forma a la Ley 1503 y exhorta al órgano deliberante cruceño a que, en el plazo máximo de 45 días, computables a partir de la notificación con el presente fallo constitucional, subsane las observaciones y renueve el trámite legislativo aplicado para las modificaciones.
Al respecto, la presidenta del Concejo Municipal, Silvana Mucarzel, manifestó que una vez fueron notificados enviaron ante el Pleno del Concejo una nueva "Ley de Modificación a la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 123/2014 de Contratos y Convenios Municipales, a fin de establecer condiciones más adecuadas para la transparencia, seguimiento y fiscalización de las acciones administrativas sobre contratos de bienes y servicios realizados por el Ejecutivo Municipal.
“Los contratos vuelven al Concejo porque el TCP nos dio la razón. Le vamos a cortar las manos (al Ejecutivo)”, afirmó Mucarzel a EL DEBER.
Por su parte, el concejal de Comunidad Autonómica (C-A) y vicepresidente del ente legislativo, José Alberti, explicó que ya se respondió al TCP y mediante dispensación en trámite de voto y urgencia en el pleno se derivó la Ley a la comisión de Constitución y Finanzas para su revisión, para que así suba al pleno y se apruebe la norma.
“Una vez que se apruebe en el pleno se envía al Ejecutivo municipal para que el alcalde lo promulgue. En el Concejo se aprueba en unos 15 días y el alcalde tiene 10 días para promulgarla y que entre en vigencia”, afirmó el legislador a esta casa periodística.
Alberti sostuvo que a raíz de la respuesta del TCP se recuperó las competencias del Concejo y la facultad de fiscalización los cuales fueron cercenados de la anterior gestión municipal. “Habrá mayor transparencia y esto ayudará a que haya mayor certidumbre, especialmente con las empresas de bienes y servicios que tienen una operación contractual de compra y venta con la Alcaldía”, aseveró.
La respuesta de la Alcaldía
El vocero de la Alcaldía cruceña, Bernardo Montenegro, manifestó de manera escueta que la sentencia del TCP no ordena, sino recomienda al ente legislativo para que en el plazo de 45 días puedan adecuar su reglamentación a través de sus comisiones.
Seguro debe ser con dos tercios de la votación, pero es un tema que verá el Legislativo. Se trata de un fallo no de orden de cumplimiento obligatorio sino de recomendación, dijo.