Un total de 35 jueces del departamento de Santa Cruz enfrentarán procesos disciplinarios por faltas graves y gravísimas, luego de las intervenciones de control y fiscalización realizadas durante la gestión 2025 en juzgados de capital y provincia, informó este jueves el Consejo de la Magistratura.
El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia, junto al encargado distrital de Santa Cruz, quien detalló que las acciones de supervisión permitieron identificar irregularidades reiteradas en el ejercicio de funciones jurisdiccionales.
De acuerdo con el informe oficial, 147 denuncias fueron presentadas y admitidas como resultado de las intervenciones institucionales, lo que derivó en procesos de suspensión contra administradores de justicia involucrados en presuntas vulneraciones a la normativa vigente.
Producto de estas actuaciones, el Consejo determinó que 35 jueces incurrieron en faltas disciplinarias graves, razón por la cual se dispuso su suspensión, conforme a los procedimientos establecidos.
Sin embargo, el dato más relevante —según explicó la autoridad— es que 30 de estos jueces serán procesados por faltas gravísimas, debido a que ya registraban tres faltas graves previas, condición que habilita el inicio de procesos disciplinarios con miras a su destitución.
Spencer Arancibia subrayó que las medidas adoptadas responden a un compromiso institucional de control estricto y permanente, orientado a garantizar el respeto a la Constitución Política del Estado y a las leyes. “Estas acciones buscan asegurar una administración de justicia transparente, eficiente y responsable, en beneficio de la ciudadanía”, afirmó.
El presidente del Consejo de la Magistratura remarcó que los procesos se desarrollarán con apego al debido proceso, pero advirtió que no se tolerarán conductas que lesionen la credibilidad del sistema judicial. En ese marco, reiteró que las sanciones disciplinarias se aplicarán sin distinción, cuando se verifique responsabilidad.
Asimismo, el Consejo de la Magistratura ratificó que los operativos de control y fiscalización continuarán en todo el país, como parte de una política institucional destinada a fortalecer la confianza ciudadana en la justicia y a depurar prácticas contrarias a la ética y la legalidad dentro del Órgano Judicial.