Luego de más de cinco horas de instalarse bloqueos en la carretera antigua a Cochabamba, por parte de pobladores y transportistas del municipio de El Torno, se determino levantar la medida de presión tras un acuerdo con las autoridades locales.
El paso vehicular se restableció a las 14:30 de este miércoles, tras el consenso con representantes del municipio torneño, pero aún deben tratarse los puntos pendientes en un periodo de 30 días, caso contrario advierten con retomar las movilizaciones.
El concejal Edgar Junior Montenegro confirmó a EL DEBER que los bloqueos instalados en El Torno, Santa Marta, Santa Rita y Limoncitos, fueron levantados.
Dijo que, como autoridades municipales sostuvieron una reunión con los representantes del transporte de esa región y de los pobladores, se alcanzaron algunos acuerdos, lo que permitió que se restablezca la circulación vehicular.
Fueron ocho los puntos del pliego petitorio de los pobladores y transportistas, estos son: realizar un estudio de costo de operación de servicio de transporte público, tanto de cuatro ruedas como de motocicletas; gestionar la asignación de forma inmediata de un juez para El Torno; respetar el pronunciamiento con respecto al servicio urbano, ejecutar de forma inmediata el plan de rutas para vehículos que prestan el servicio público en toda la jurisdicción. También demandan la implementación del Sistema Único de Salud (SUS), mejorar la señalización de las vías para evitar accidentes de tránsito; que las multas sean acorde a la realidad económica de los afiliados al transporte, en hechos de tránsito y por último, la destitución del oficial mayor, del secretario de planificación y de otros funcionarios de la Alcaldía que no solucionan los problemas del municipio. Montenegro indicó que el alcalde Hedilberto Cuéllar participó de la reunión y que señaló a los movilizados que, por el momento, no puede despedir a funcionarios municipales, pero que hará llegar una notificación informándoles el porqué la población pide que sean despedidos. En respuesta a ello, los movilizados dieron un plazo de 30 días para que sean destituidos y se contrate nuevo personal. Por su parte, la Policía explicó a los pobladores y transportistas que las sanciones a los infractores se aplican en base a las normas y que el sector debe regirse a las mismas.