En una audiencia de medidas cautelares que se llevó a cabo la tarde de este miércoles y que culminó poco antes de las 19:30, el juez Primo Flores dispuso otorgar medidas de carácter personal para Miguel Ángel B.A., funcionario del Servicio General de Identificación Personal (Segip), acusado de emitir una cédula de identidad en favor del narcotraficante Sebastián Marset.
Estas medidas tienen que ver con el arraigo, pago de una fianza de Bs. 15.000, arresto domiciliario, presentación al Ministerio Público cada 15 días, la prohibición de acercarse o tener contactos con otras personas involucradas en el caso, entre otras.
El sujeto fue aprehendido en la víspera (martes 01 de agosto) y pasó la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). La Fiscalía lo acusó por los presuntos delitos de incumplimientos de deberes, manipulación informática y beneficio en razón del cargo.
En la imputación presentada por la fiscal Mirtha Mejía ante el juez, el Ministerio Público solicitó que el funcionario sea enviado a la cárcel de Palmasola por el plazo de 180 días, al igual que las 12 personas que fueron aprehendidas el fin de semana vinculadas al narco uruguayo.
Al término de la audiencia, Steven Heredia, abogado del acusado, ponderó que el juez Flores haya desvirtuado la mayoría de la imputación que presentó la fiscal asignada al caso, quedándose con el delito de incumplimiento de deberes.
“Se demostró de manera correcta el procedimiento que tiene el Segip para emitir los carnets de identidad”, dijo Heredia a tiempo de señalar que Miguel Ángel continuará trabajando en dichas dependencias.
El Segip emitió un comunicado la noche de este miércoles en el que aclara que se constituyeron en parte querellante del proceso, a fin de que se investigue, sancione y se llegue a la verdad histórica de los hechos. “En el marco de la Ley N° 974, se iniciaron las correspondientes acciones por la Unidad Nacional de Transparencia del Segip, contra los servidores presuntamente implicados”, señala el comunicado. Más temprano, agentes de la Felcc allanaron las oficinas del Segip en Santa Cruz, ubicado en el mall de Indana, sobre el tercer anillo, en el que secuestraron documentación, equipos y otros que servirán para investigar el caso, considerando que se constató que en estas oficinas, Marset pudo tramitar documentos de identidad sin ningún inconveniente. EL DEBER conoció que, tras la fuga de Marset, tres funcionarios del Segip fueron identificados y ahora se libró orden de aprehensión. Estos trabajadores son investigados ante la sospecha de que favorecieron al narcotraficante uruguayo con la entrega de documentos de identidad.