La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) se ofreció este martes como mediador entre la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la Gobernación de Santa Cruz y los municipios movilizados que exigen la anulación de la Ley Departamental 208.
Jorge Franco, presidente de la SIB Santa Cruz, convocó a una reunión a puertas cerradas para el próximo lunes 17 de octubre a las 15:00 en predios de esta institución, con la presencia especialistas en hidrología y técnicos de Saguapac. La finalidad sería buscar una solución al conflicto para la construcción de la carretera Santa Cruz-Las Cruces - Buena Vista, sin afectar los acuíferos del área protegida Güendá – Urubó.
“Estamos totalmente de acuerdo con que se construya este tramo carretero, pero viendo todas las aristas (…) la reunión va a ser una mesa cerrada entre expertos para dar algunas sugerencias técnicas y llevar a cabo de una vez por todas esta construcción que es necesaria para el departamento”, señaló Franco.
Mientras tanto, un grupo de pobladores de Porongo mantiene la vigilia en puertas de la Gobernación desde hace ocho días, exigiendo la abrogación de la ley que protege el área Güendá - Urubó, y que se construya el tramo carretero. Otro grupo, junto con algunos concejales de los municipios afectados, participan de una mesa técnica desde las 15:00 de este martes con la ABC y la Gobernación, ante el incremento de tensión que se vivió en los últimos dos días.
Efraín Suárez, asesor de Gestión de la Gobernación, explicó que existen cuatro alternativas para construir la carretera, respetando el área Guendá - Urubó, donde está el acuífero. Remarcó que esta explicación ya se brindó a los comunarios y vecinos, pero no ve una predisposición
"El primer escenario consiste en bordear el acuífero; el segundo, plantea además de bordearlo respetar la zona de amortiguamiento; el tercero y el cuarto se alejan aún más, tanto del acuífero, como de la zona de amortiguamiento. Lo que quiero dejar en claro es que no estamos en contra de la carretera, lo que no podemos hacer es sacrificar el acuífero, aseveró Suárez.
Por su parte, Fernando Vásquez, dirigente impulsor de la carretera, asegura que buscan la abrogación de la Ley 208, porque con su vigencia se atenta contra la propiedad privada de miles de familias que trabajan la tierra. El problema es el derecho a la propiedad privada, no podemos tener tierra en calidad de monumento. Desviar la carretera, no solo nos perjudica, sino que beneficia a grandes empresarios, afirmó.
No obstante, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho se mantiene firme en su postura. Manifestó que está en la obligación de “proteger la calidad de vida de todos y cada uno de los cruceños”, por lo que no cederá a caprichos. Considera que detrás del conflicto hay algunos empresarios interesados en “llenarse los bolsillos a costa de dañar lo que significa la garantía de la provisión de agua para la zona metropolitana de los cruceños”, dijo la autoridad.