El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, fue aprehendido ayer luego de prestar una declaración ante el Ministerio Público en dependencias del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) del Plan Tres Mil, dentro de la investigación por irregularidades detectadas por la Contraloría en el plan de pavimentación urbana 2023.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, adelantó que se pedirá la detención preventiva para el burgomaestre, que se encuentra en calidad de aprehendido en una clínica privada.
“El Ministerio Público, a través de la fiscal asignada al caso, va a requerir de manera objetiva y fundamentada ante la autoridad judicial la medida excepcional de la detención preventiva, considerando todos los riesgos procesales, tanto de fuga como de obstaculización”, remarcó.
Fernández se presentó ayer a declarar y alegó una descompensación de salud, lo que motivó la valoración de un médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Concluida la comparecencia, la fiscal del caso, Milenka Roda, ordenó la aprehensión del burgomaestre y el traslado de la autoridad edil a un centro médico, pero en calidad de aprehendido.
El abogado del alcalde, Fabio Joffré, indicó que su cliente está con un cuadro severo de influenza, y pese a ello, se presentó para prestar su declaración.
En las afueras de la Delcc hubo gritos de apoyo y detonación de petardos por parte de allegados al burgomaestre, lo que obligó al despliegue de efectivos de la UTOP para resguardar el recinto. Posteriormente, personal paramédico trasladó a Fernández a una clínica para su respectiva valoración de salud.
Investigación
La Fiscalía investiga al alcalde por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, en al menos 11 proyectos de pavimento rígido observados por la Contraloría General del Estado. El proceso se originó por una denuncia del exconcejal y actual candidato a la Alcaldía, Manuel ‘Mamén’ Saavedra, quien también incluyó en su acusación al secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna.
Saavedra sustentó su denuncia en un informe preliminar de la Contraloría que observó 16 proyectos de pavimentación que figuran como ejecutados en documentación oficial, pese a presentar faltantes o diferencias en la medición real. Según la investigación, el presunto daño económico ascendería a Bs 6,7 millones.
“No es un tema político. Es una denuncia en función a un informe de la Contraloría, con un posible daño económico de más de Bs 6 millones”, sostuvo Saavedra tras conocerse la aprehensión.
El caso se inscribe en el marco de la auditoría operacional GS/OPS10/D24-01 de la Contraloría General del Estado, que evaluó la ejecución de obras viales del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra durante 2023.
Entre las observaciones reiteradas figuran retrasos en plazos, diferencias entre lo certificado y lo ejecutado, deficiencias visibles en la calidad de la obra (baches, juntas mal selladas, hormigón deteriorado y problemas de drenaje), además de fallas de control y planificación en la Secretaría Municipal de Obras Públicas.
Uno de los puntos más cuestionados es la avenida 30 de Octubre, donde vecinos denuncian que tramos figuran como pavimentados en registros oficiales, pero continúan sin obra física. (5,04 km ejecutados, pero la verificación física halló 4,86 km).
La auditoría también detectó diferencias en el Distrito 13 donde se certificaron 4,86 km, aunque se verificaron 4,77 km; la avenida Divisoria (UV 159–295) donde figuran 3,76 km, pero existen 3,70 km. En la Tres Pasos al Frente se certificaron 2,75 km, cuando la medición real alcanza 2,70 km, además de fallas en el sellado de juntas.
La denuncia sostiene que, sumadas, las diferencias equivaldrían a cerca de diez cuadras de pavimento presuntamente pagadas y no ejecutadas.
La defensa del alcalde
Antes de ingresar a declarar, Fernández rechazó las acusaciones y las calificó de “políticas”. “Las obras están ahí. Hemos ido con la Fiscalía a verificar. Esto es una guerra sucia”, afirmó, y no descartó habilitarse nuevamente como candidato.
Desde la Alcaldía, el secretario de Obras Públicas, Sergio Luna, aseguró que las obras cuentan con respaldo técnico y actas firmadas por vecinos y control social. “No se puede pagar de más. Intervienen empresas, supervisores, fiscales de obra y vecinos”, dijo. El vocero municipal, Bernardo Montenegro, también rechazó las observaciones y sostuvo que la denuncia tiene un trasfondo político.
Reacciones
El candidato a alcalde por Primero Santa Cruz, Gary Áñez, calificó la aprehensión de una “señal positiva” y pidió que en la audiencia cautelar se valoren adecuadamente los riesgos procesales. “Fernández le hizo mucho daño al pueblo cruceño por el mal manejo administrativo y el abandono de la ciudad”, sostuvo.
La exalcaldesa y candidata municipal, Angélica Sosa, cuestionó la oportunidad de la acción. “A mí me encarcelaron sin un informe de auditoría. Aquí hay oportunismo político, a 27 días de las elecciones. Que la justicia determine si hay indicios o no”, declaró, al acusar a Saavedra de sacar rédito electoral.
Desde el Comité pro Santa Cruz, su presidente Stello Cochamanidis sostuvo que la aprehensión debe leerse desde el marco del debido proceso. “Si la Fiscalía lo aprehendió es porque hay indicios. Se debe investigar a fondo, no solo al alcalde, sino a su entorno. La ciudad está deteriorada y abandonada; ahora corresponde que se rinda cuentas”, afirmó. Añadió que espera que fiscales y jueces actúen conforme a ley y con independencia.
En La Paz, el diputado Rolando Pacheco (Alianza Popular) celebró la aprehensión del alcalde y anunció que hará seguimiento al caso desde la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa.
“Se está haciendo justicia”, afirmó Pacheco, quien fue concejal por el MAS en Santa Cruz.
El legislador sostuvo que su bancada respalda la denuncia y que personalmente impulsa el seguimiento del proceso. “Estoy adherido a la denuncia y voy a hacer seguimiento porque soy parte de la Comisión de Justicia”, señaló.
Criticó que el secretario municipal de Obras Públicas haya quedado en libertad, al señalar que “el alcalde firma la salida del dinero y el secretario opera la ejecución”.
El legislador aseguró que Fernández enfrenta al menos 20 procesos penales, y pidió que la Fiscalía y la Policía actúen con firmeza.
El alcalde será puesto a disposición de un juez cautelar, que deberá definir su situación jurídica en las próximas horas. La Fiscalía anticipó que solicitará medidas cautelares en función de los riesgos procesales y la magnitud del presunto daño económico.
Mientras tanto, el caso “pavimento” se instala como uno de los ejes más sensibles del debate político en la recta final de la campaña municipal en Santa Cruz.