La Fiscalía Departamental de Santa Cruz anunció que solicitará detención preventiva en la cárcel de Palmasola para el alcalde Jhonny Fernández, aprehendido en el marco del denominado caso pavimento, que investiga presuntas irregularidades en al menos 16 proyectos de pavimentación rígida del municipio.
El anuncio fue realizado este martes por el fiscal departamental Alberto Zeballos Flores, quien informó que, tras la declaración informativa del burgomaestre, el Ministerio Público determinó emitir una resolución fiscal fundamentada de aprehensión, al considerar que existen elementos de convicción suficientes sobre la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
“Contamos con indicios racionales que permiten sostener la existencia del hecho y la probable participación del investigado. Por ello, la Fiscalía pondrá a disposición de la autoridad jurisdiccional al imputado y requerirá la medida excepcional de detención preventiva, considerando riesgos de fuga y de obstaculización”, señaló Zeballos en conferencia de prensa, acompañado por la fiscal del caso, Milenka Rodas.
Según el informe fiscal, la investigación se origina en una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el entonces concejal Manuel Saavedra, sustentada en un informe preliminar de auditoría operacional de la Contraloría General del Estado, que habría detectado falencias e irregularidades en la ejecución y administración de obras viales financiadas con recursos públicos. La auditoría observó discrepancias tras la revisión de estudios de diseño, contratos, órdenes de cambio, planillas de avance e informes de supervisión.
Zeballos detalló que, como parte de los actos investigativos, se realizaron registros y secuestros de documentación en la Secretaría Municipal de Obras Públicas, además de inspecciones técnicas oculares en tramos intervenidos, donde —según la Fiscalía— se identificaron anomalías que deberán ser corroboradas con pericias especializadas en ingeniería civil para cuantificar un eventual daño económico al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
El fiscal departamental aclaró que ambos investigados hicieron uso de su derecho constitucional a guardar silencio, aunque remarcó que ello no impide la emisión de resoluciones fiscales cuando concurren elementos de convicción y riesgos procesales. Añadió que la investigación no se limita a los dos sindicados y que podría ampliarse a otras personas vinculadas a los procesos de contratación y supervisión.
Respecto a la salud del alcalde, la Fiscalía informó que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) practicó una valoración médica que concluyó que Fernández se encuentra estable y apto para afrontar el proceso penal. Mientras tanto, el alcalde permanece internado bajo custodia policial, a la espera de la audiencia cautelar en la que un juez definirá su situación jurídica dentro del plazo legal.