La Fiscalía Departamental de La Paz inició ocho procesos penales por daños y deterioro de bienes del Estado ocasionados durante el accidente del avión Lockheed C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana, siniestro ocurrido el pasado 27 de febrero en la ciudad de El Alto y que dejó un saldo de 21 personas fallecidas.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que estas investigaciones se abrieron a partir de denuncias presentadas por instituciones públicas afectadas durante los disturbios posteriores al accidente.
“Se ha recibido una cantidad de ocho denuncias verbales por parte de la Alcaldía de la ciudad de El Alto, la Alcaldía de la ciudad de La Paz, la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno, instituciones que han sufrido deterioro en ambulancias, patrullas y otros bienes del Estado”, explicó la autoridad.
Según el Ministerio Público, los procesos investigan presuntos delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, además de lesiones graves y leves contra efectivos de la Policía Boliviana y personal del Ejército de Bolivia, quienes acudieron al lugar del siniestro para resguardar la zona.
El fiscal Torrez detalló que los daños alcanzaron a vehículos de emergencia, patrullas policiales y otros bienes públicos, los cuales resultaron afectados durante los incidentes registrados tras el accidente aéreo.
Saqueo masivo tras el accidente
De forma paralela, la Fiscalía también abrió siete procesos adicionales por el robo de dinero que transportaba la aeronave.
De acuerdo con el reporte del Ministerio Público, más de 5.000 personas ingresaron al lugar del accidente tras el impacto del avión para sustraer los billetes que formaban parte de una remesa transportada por la aeronave.
“De este lamentable accidente del avión Hércules se ha registrado el avasallamiento de más de 5.000 personas que ingresaron al lugar del hecho para sustraer el dinero de las remesas que traía la aeronave; por este hecho se inició siete procesos de investigación”, indicó Torrez.
Hasta el momento, la Fiscalía reportó 55 personas aprehendidas, entre ellas 40 varones, 11 mujeres y cuatro menores de edad. En el caso de los adolescentes, se aplicó el artículo 228 del Código Niña, Niño y Adolescente, por lo que se emitieron mandamientos de libertad.
Los procesos por el robo del dinero se investigan por robo agravado y allanamiento, mientras que las audiencias cautelares ya dejaron las primeras medidas judiciales.
Según el informe fiscal, 24 personas fueron enviadas con detención preventiva, 21 recibieron detención domiciliaria, una obtuvo medidas sustitutivas y cinco quedaron en libertad.
Como parte de las diligencias investigativas, el Ministerio Público ejecutó allanamientos el 28 de febrero en viviendas cercanas al lugar donde cayó la aeronave, con el objetivo de recolectar indicios vinculados al saqueo del dinero y a los daños ocasionados tras el siniestro.
Las investigaciones continúan para identificar a otras personas involucradas tanto en el robo del dinero transportado por la aeronave como en los destrozos registrados en el área del accidente, mientras las autoridades advierten que se ampliarán los procesos penales conforme avancen las pericias.