La investigación por el ingreso irregular de más 30 maletas al aeropuerto internacional de Viru Viru sumó un testimonio considerado clave, luego de que Mónica Andrea Castro Torrez, exgerente regional de la Aduana y actual jefa de la Unidad Jurídica en Santa Cruz, prestara declaración informativa en calidad de testigo ante el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc).
EL DEBER tuvo acceso al cuadernillo de investigación de la Fiscalía, en el que se encuentra la declaración Castro, quien reveló que recomendó al entonces administrador de Viru Viru, David Benerando Alanoca Montoya, revisar el contenido de las maletas que llegaron desde Miami, Estados Unidos, en un vuelo chárter.
Durante su comparecencia ante el fiscal Gómer Padilla, realizada el 3 febrero, Castro confirmó que el 29 de noviembre de 2025, a las 16:00 horas, fue informada del arribo de un vuelo chárter con la exdiputada Laura Rojas, quien portaba 31 maletas y un pasaporte diplomático, y que desde ese momento advirtió que el equipaje debía ser sometido a control aduanero, al no existir exención legal para ese tipo de revisión.
Según el acta oficial, tres horas después del aterrizaje en Viru Viru del vuelo privado, Castro relató que recibió una llamada del entonces administrador de Viru Viru, David Benerando Alanoca Montoya, quien le comunicó que Laura Rojas llegó con las maletas y con un pasaporte diplomático que ya había caducado.
Castro sostuvo que le indicó a Alanoca que, al no ostentar ya el cargo de diputada, Rojas no solo no estaba exenta del control, sino que el uso del pasaporte diplomático debía ser evaluado con mayor rigor, recomendando además elevar el caso a la Gerencia Nacional de Operaciones Aduaneras (GNOA).
Además, Castro se deslindó de responsabilidades por el control de las maletas al precisar que su interinato como gerente regional concluyó el 28 de noviembre de 2025, un día antes del arribo del vuelo, por lo que aclaró que su actuación se limitó a una asesoría jurídica conforme a procedimiento, sin ejercer funciones ejecutivas directas sobre la administración aeroportuaria.
En su declaración, Castro explicó que la máxima autoridad de control en las administraciones aduaneras es el administrador, y que en ese periodo el responsable de Viru Viru era Alanoca, quien —según su conocimiento— fue retirado del cargo a mediados de diciembre de 2025. Añadió que nunca recibió informes formales ni comunicaciones escritas desde la administración de Viru Viru sobre lo ocurrido el 29 y 30 de noviembre.
Uno de los puntos centrales del testimonio que dio la exgerente de Aduana fue la ratificación de que los portadores de pasaporte diplomático están sujetos a control aduanero, citando el Decreto Supremo 734 y el Reglamento para el Régimen de Viajeros y Control de Divisas, normativa que —remarcó— no exime del escaneo ni de la revisión física del equipaje, salvo en casos expresamente señalados como el del jefe de Estado.
Castro también detalló el procedimiento que debió aplicarse al arribo del vuelo chárter proveniente de Miami en el que llegó Rojas: evaluación de riesgo, escaneo del equipaje y revisión física posterior, además del registro obligatorio mediante el formulario 189 en caso de maletas rezagadas, procedimiento que, según la investigación, no se habría cumplido.
Esta nueva declaración fue adjuntada al cuadernillo de investigación y la Fiscalía sostiene que este elemento es clave para determinar las responsabilidades penales de los involucrados en el caso ´maletas´ y la posible ampliación de la investigación contra otros exfuncionarios de Aduana.
Además, el testimonio revela que los altos directivos de la Aduana sabían que debían revisar las maletas el mismo día que llegó Laura Rojas a Viru Viru, pero no instruyeron a sus subalternos realizar el escaneo. Esto permitió que la exdiputada retire un día después, 30 de noviembre, las 31 maletas sin que se les realice ningún control y usando su pasaporte diplomático, pese a que ya sabían que había vencido el 13 de noviembre.
Abogado cuestiona procesos a exfuncionarios de bajo rango
La Fiscalía investiga el caso bajo el presunto delito de incumplimiento de deberes, pero solo procesa a cinco exfuncionarios de Aduana de bajo rango y no a las altas autoridades que omitieron la instrucción de la revisión de los equipajes, lo cual es cuestionado por el abogado Joadel Bravo, que defiende a Álvaro Barbery, uno de los funcionarios despedidos e imputados en este proceso.
Para Bravo, la declaración informativa de Mónica Andrea Castro Torrez constituye un elemento probatorio relevante dentro del proceso que investiga presuntas irregularidades ocurridas el 29 de noviembre de 2025, cuando un vuelo chárter arribó a Viru Viru con más de 30 maletas que posteriormente fueron retiradas.
“El testimonio confirma que existía conocimiento pleno de la irregularidad y que la advertencia fue realizada, por los funcionarios subalternos que hoy son procesados, de manera inmediata a la autoridad jerárquica correspondiente”, afirmó Bravo, quien cuestionó que, pese a esa alerta, no se haya ordenado una revisión del equipaje ni presentado una denuncia formal.
El abogado sostuvo que, conforme al artículo 286 del Código Penal, los funcionarios públicos con competencia jerárquica tienen la obligación legal de denunciar hechos ilícitos, por lo que —a su criterio— la responsabilidad penal no puede recaer en los funcionarios técnicos, que se limitaron a informar el caso a sus superiores.
De acuerdo con la versión de la defensa, los informes elaborados por los técnicos aduaneros —entre ellos Barbery— establecieron que el equipaje fue considerado rezagado, al haber quedado en pista tras el aterrizaje del vuelo, y que cualquier inspección debía realizarse en presencia de la propietaria, en cumplimiento de los procedimientos vigentes.
“El pasaporte no era falso. El cuestionamiento era el uso indebido de un documento diplomático por una persona que ya no tenía esa condición, lo cual debía ser evaluado por instancias jerárquicas y no por técnicos operativos”, explicó Bravo.
Actualmente, cinco exfuncionarios aduaneros son investigados por el delito de incumplimiento de deberes, mientras la defensa insiste en que la reciente declaración de la exjefa jurídica abre la posibilidad de ampliar la investigación hacia exautoridades que, pese a haber sido alertadas, no activaron los mecanismos legales correspondientes.
El denominado caso ´maletas´ continúa en etapa preliminar y mantiene en debate los controles internos de la Aduana Nacional, el uso de pasaportes diplomáticos y la responsabilidad penal dentro de la cadena jerárquica del Estado.