La diputada María René Álvarez denunció que la zona de El Gomal, en el Alto Paraguá, está siendo avasallada por grupos identificados como interculturales, lo que afecta directamente a las comunidades indígenas chiquitanas de Campamento II, Unión, Colorado y Candelaria.
Según el reporte, un grupo de pobladores de la comunidad de Colorado descubrió a unas 60 personas intentando asentarse ilegalmente en un área protegida perteneciente a estas comunidades. Al percatarse de la situación, los habitantes alertaron de inmediato a las comunidades vecinas.
Con la ayuda de un tractor y una chata, los comunarios lograron ingresar al lugar, donde constataron que los invasores habían abierto una brecha de aproximadamente 5 kilómetros para establecerse en la zona. Al saberse descubiertos, los avasalladores huyeron del lugar, dejando basura y otros rastros de su presencia.
De acuerdo con la denuncia de la diputada María René Álvarez, los avasalladores se identifican como parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).
EL DEBER se contactó con la diputada Álvarez para conocer más detalles sobre la situación:
Álvarez señaló que Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) estaría permitiendo el ingreso de interculturales a tierras fiscales, sin tomar en cuenta a que se trata de una zona en donde residen pobladores de comunidades chiquitanas.
"Y es por eso que la gente del lugar se ha movilizado, ha ido hasta el lugar de los hechos. Ya cuando fueron las personas, los avasalladores se salieron del lugar, y bueno, ahí quedan evidencias, los platos de comida y todo, de la pretensión del sentamiento que tienen para hacer", contó la diputada a EL DEBER.
En la zona quedaron bidones, plásticos, basura y latas de cerveza. Además, se registró desmonte, que según Álvarez, podría tener un propósito adicional, considerando que Santa Cruz está iniciando la temporada crítica de chaqueos, deforestación e incendios.
"Seguramente también tiene una doble intencionalidad. No nos olvidemos que ya estamos en la época más álgida del año, donde inician los chaqueos, y, seguramente, la intención es quemar ese bosque, ese espacio territorial donde ellos pretenden ocuparlo, y de esa manera, el INRA, la ABT y todas las instituciones se lo legalicen para su asentamiento", indicó Álvarez.
Los comunarios decidieron bloquear el ingreso al área y colocar un cartel con la leyenda "prohibido el paso", como advertencia a los grupos irregulares.
Procedimiento legal
La diputada informó que ya ha presentado denuncias ante diversas instituciones como la Fiscalía y el INRA, y que también dejará notas en la Policía. Advirtió que, si los avasalladores retornan, existe un alto riesgo de enfrentamientos con las comunidades, que actualmente se encuentran en estado de alerta. Asimismo, el INRA ya fue alertado sobre la situación a través de una carta.
"Solicitamos al INRA que, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de sus acciones legales, presente la solicitud formal ante el Tribunal de Agroambiental, permitiendo así que se continúe con el proceso administrativo y legal necesario para garantizar la protección de las tierras fiscales y el respeto de la normativa vigente", exigió Álvarez en una carta referida al INRA.
Álvarez recalcó, en sus redes sociales, que se trata de comunidades indígenas que viven de la economía agrícola familiar, respetando la tierra y el bosque chiquitano. Recordó que estas poblaciones, al ser originarias del Alto Paraguá, cuentan con el amparo legal.
EL DEBER se ha contactado con el INRA por medios regulares de comunicación y está a la espera de una respuesta sobre esta situación.