A los 17 años, una adolescente cruceña descubrió, de la peor manera, que el lugar donde debía sentirse protegida también podía convertirse en una amenaza. No ocurrió en la calle ni frente a desconocidos, sino dentro de su propia aula, en pleno horario de clase. Una discusión con una compañera de 18 años escaló en cuestión de segundos y terminó con un golpe directo al ojo izquierdo, propinado con un teléfono celular. Hoy, el diagnóstico médico es contundente: el daño es irreversible y la joven perdió el 50% de la visión.
El hecho tuvo lugar el pasado 22 de septiembre en una unidad educativa del Plan Tres Mil. Según la denuncia, la agresión comenzó con jalones de cabello y forcejeos, hasta que el impacto quebró los lentes de la víctima y le provocó una herida profunda en el rostro. Desde entonces, volver al colegio dejó de ser sinónimo de seguridad y pasó a convertirse en una experiencia marcada por el miedo y la ansiedad.
Este caso, lejos de ser excepcional, forma parte de un fenómeno en expansión. En 2025, la violencia escolar en Santa Cruz de la Sierra sumó 363 denuncias ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Las cifras oficiales detallan 195 casos de bullying, 112 agresiones entre pares, 45 hechos de violencia entre estudiantes y docentes o personal administrativo, y 11 denuncias por violencia institucional. A estos datos se agregan episodios aún más graves: apuñalamientos, peleas organizadas, agresiones sexuales entre estudiantes e incluso denuncias por ofertas de “damas de compañía” en el entorno escolar.
Para Raúl Fernando Yabeta, director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el sistema de protección está sometido a una presión creciente. “Es necesario diferenciar los conflictos normales de la violencia extrema. Cuando se llega a este nivel, estamos frente a situaciones alarmantes”, advierte. Explica que cada denuncia no se agota el trámite, sino que activa entre 15 y 20 actuaciones posteriores, como evaluaciones psicológicas, informes sociales, coordinación con las unidades educativas y seguimiento.
La abogada Eliana Burgos, quien representa legalmente a la adolescente agredida, sostiene que el daño no es solo físico. Denuncia que la víctima fue revictimizada por su propio entorno escolar, luego de que la dirección y algunos padres de familia intentaran impedir que participara en el desfile de su graduación. “Desfiló en su promoción con miedo, temblando”, relata. Burgos también cuestiona la respuesta judicial, ya que en el proceso por lesiones la agresora recibió únicamente trabajos sociales. A ello se suma una segunda causa por corrupción de menores, tras el hallazgo de mensajes en los que la agresora le presionaba para ofrecer servicios de “dama de compañía”.
El director departamental de Educación, Nelson Nery Alcócer, reconoce que en 2025 hubo un aumento de hechos graves. “Las agresiones entre pares son las más recurrentes y hemos tenido casos que atentaron contra la vida”, afirma. Aunque existen protocolos de actuación, admite limitaciones, como la falta de gabinetes psicopedagógicos, las restricciones legales para revisar mochilas y las dificultades para sostener un seguimiento.
El magisterio urbano apunta a un factor adicional. Lorenzo Chávez Florero sostiene que la autoridad docente se ha debilitado de manera progresiva. “Al maestro le quitaron la capacidad de poner orden. Hay sobreprotección familiar y confusión normativa”, señala. También cuestiona que no se permita aplicar el Plan Mochila Segura, una medida que —a su criterio— podría prevenir el ingreso de objetos peligrosos a las aulas.
La psicóloga Jimena Melgar advierte que la violencia extrema en adolescentes es el reflejo de emociones no reguladas, entornos familiares desbordados y la normalización de la agresión en redes sociales. “Si no se actúa con prevención, corresponsabilidad familiar y presencia profesional sostenida, el riesgo seguirá creciendo dentro de las escuelas”, alerta.