Las principales instituciones del sistema judicial y electoral del país suscribieron este jueves, en Sucre, un acuerdo interinstitucional para dar certidumbre y blindar el desarrollo de las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026, en un contexto marcado por la judicialización de la política y la proliferación de acciones legales que podrían afectar el calendario electoral.
El acuerdo fue firmado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, en el marco de la Reunión Interinstitucional de Coordinación Electoral de las Elecciones Subnacionales 2026.
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, presentó el documento y remarcó que el objetivo central es impedir que acciones judiciales, recursos constitucionales o disputas políticas paralicen o distorsionen el proceso electoral en curso.
“El acuerdo parte de un compromiso pleno con los principios y obligaciones constitucionales, asumiendo las tareas que correspondan para garantizar el desarrollo y la efectiva finalización de los procesos electorales, dando certidumbre, especialmente al proceso en curso”, leyó Ávila durante la conferencia de prensa.
El documento de 11 puntos establece que las instituciones firmantes se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos políticos y de participación ciudadana durante todo el proceso electoral, incluyendo la protección de los derechos de los votantes, candidatos y organizaciones políticas, bajo los principios de legalidad y preclusión.
Uno de los ejes políticos centrales del acuerdo es precisamente la defensa del principio de preclusión, concebido como un candado institucional frente a intentos de revertir o suspender etapas ya concluidas del proceso electoral. “Sin preclusión no existen reglas claras y sin reglas claras no hay igualdad ni confianza en el proceso electoral; defender este principio es defender la democracia misma”, enfatizó Ávila ante las autoridades judiciales y electorales reunidas.
El acuerdo también fija responsabilidades concretas para el Órgano Judicial. En ese marco, el Consejo de la Magistratura se comprometió a fiscalizar la actuación de jueces y vocales que ejerzan funciones como jueces de garantías constitucionales, a fin de que actúen con independencia y estricto apego al debido proceso, la legalidad y la preclusión. El texto advierte que, de ser necesario, podrán activarse acciones disciplinarias contra quienes excedan sus competencias o interfieran indebidamente en el proceso electoral.
Ávila subrayó además que el TSE asumirá únicamente medidas preventivas de carácter administrativo electoral, aclarando que estas “no constituyen medidas cautelares de naturaleza procesal constitucional”, cuya competencia es exclusiva del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Con ello, el Órgano Electoral busca marcar límites claros y evitar superposiciones institucionales que deriven en conflictos o paralizaciones.
En la misma línea, el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia, señaló que las acciones constitucionales presentadas en el marco del proceso electoral “corresponden a decisiones de carácter personal de quienes las promueven” y remarcó que la responsabilidad por emitir resoluciones recae en la autoridad jurisdiccional competente, conforme al marco legal vigente.
“La Sala Plena del Consejo de la Magistratura apoya el desarrollo de las elecciones subnacionales bajo el principio de precaución, garantizando fiscalizaciones y acompañamiento en los amparos que pudieran presentarse”, afirmó Spencer Arancibia, al anunciar seguimiento a estos procesos para contribuir a la seguridad jurídica.
El acuerdo incluye además el compromiso del Ministerio Público de priorizar la atención de denuncias por delitos electorales, con el fin de evitar que los hechos se consumen o queden impunes, así como una exhortación a las asambleas legislativas departamentales y a la Cámara de Diputados para concluir la designación de vocales electorales en Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí, considerados clave para la organización de los comicios.
Por su parte, la vicepresidenta del TSE, Ximena Camacho, destacó que el encuentro apunta a fortalecer la coordinación y cooperación entre los órganos constitucionales del Estado, y subrayó que la administración del proceso electoral no puede asumirse de manera aislada.
“La experiencia democrática nos demuestra que la fortaleza de los procesos electorales depende en gran medida del acompañamiento y respaldo institucional de los demás órganos del Estado”, sostuvo.
La señal política del encuentro es clara: frente a un escenario de alta conflictividad y judicialización, los órganos Electoral y Judicial buscan cerrar filas para evitar que la vía judicial se convierta en un mecanismo de bloqueo, y garantizar que el proceso electoral subnacional avance hasta su conclusión, preservando el Estado de derecho, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.