La puesta en vigencia del Decreto Supremo 5503, emitido por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, provocó largas filas y compras de pánico en el mercado campesino de la ciudad de Tarija, ante el temor de un inminente incremento en los precios de los alimentos básicos tras la eliminación de la subvención a los combustibles.
Desde tempranas horas, decenas de personas acudieron al principal centro de abasto de la capital tarijeña para adquirir arroz, azúcar, fideos, harina y bidones de aceite, preocupadas por el impacto que la medida pueda tener en el costo de vida. EL DEBER constató extensas filas y una elevada demanda en este mercado, considerado el epicentro del comercio local.
La incertidumbre llevó incluso a que algunas tiendas cerraran temporalmente sus puertas, optando por no vender productos hasta que los precios se estabilicen y exista mayor claridad sobre el efecto del decreto.
La senadora por la alianza Unidad, Marcela Guerrero, fue testigo de la afluencia de compradores y señaló que el levantamiento del subsidio, aunque necesario, generó reacciones inmediatas.
“Levantar la subvención a los combustibles era necesario, pero fue una medida sorpresiva. Eso ha generado especulación, largas filas y temor, especialmente ante una posible subida de pasajes del transporte público”, afirmó.
Desde el análisis económico, Roberto Jordán sostuvo que la decisión gubernamental es correcta, siempre que no derive en una escalada del dólar paralelo. A su criterio, el decreto desencadenará un proceso inflacionario interno, aunque advirtió que el gradualismo tampoco ha demostrado ser efectivo.
“Está demostrado que el gradualismo no funciona, como ocurrió en Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Si no se eliminaba la subvención, que representa cerca del 50% del déficit fiscal, el Gobierno no iba a poder acceder a nuevos créditos externos”, explicó.
En la misma línea, el expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Víctor Hugo Figueroa, calificó el Decreto 5503 como una medida dura e incómoda, pero “absolutamente necesaria para un ajuste fiscal”.
No obstante, alertó que el principal desafío será el respaldo financiero y político del Gobierno para enfrentar los conflictos sociales que ya comienzan a gestarse.
En Tarija, la Federación Departamental del Autotransporte dio un plazo de 24 horas al Ejecutivo para dejar sin efecto la norma; de lo contrario, anunció que ingresará en un paro indefinido, en sintonía con otras federaciones del país. A su vez, la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) se declaró en estado de emergencia, elevando la tensión social en la región.