Diciembre 2025 no pasará desapercibido. Pues, mediante el Decreto Supremo 5503 se dejó sin efecto más de 20 años de subsidio. Por más de dos décadas el Estado compró combustible, cada vez en mayor cantidad, a precio internacional para luego venderlo barato en el mercado interno. Eso ya es historia.
La eliminación de los subsidios a los combustibles decretada por el gobierno del presidente Rodrigo Paz marca un punto de inflexión en la política fiscal y energética de Bolivia. La medida, promulgada en el contexto de una emergencia económica declarada por el Ejecutivo, busca estabilizar las finanzas públicas y frenar el creciente déficit fiscal asociado a las subvenciones de hidrocarburos, que representaban un gasto multimillonario para el Estado.
Hasta diciembre de 2025, el Estado mantenía congelado el precio de la gasolina y del diésel. Según datos oficiales, el diésel subvencionado costaba Bs 3,72 por litro y la gasolina especial Bs 3,74, precios que ubicaban a Bolivia entre los países con combustibles más baratos de la región, detrás de Venezuela.
Con la eliminación de la subvención mediante el DS 5503, los valores se ajustaron drásticamente hacia niveles más alineados con el mercado internacional. Los nuevos precios oficiales son: Bs 6,96 por litro de gasolina especial, Bs 9,80 por litro de diésel, y hasta Bs 11 por litro de gasolina premium.
El impacto porcentual es severo: el precio de la gasolina subió un 86% y el del diésel más del 160% respecto a los valores con subsidio vigentes hasta entonces.
Un poco de contexto
Para entender el por qué el presidente Paz optó por suspender el subsidio se debe mirar cómo la falta de dólares, desde 2024, tuvo un impacto directo en la capacidad de pago para importar combustible.
Ahora, la escasez de dólares no fue un golpe súbito: tras un periodo de tensión cambiaria en 2024, las reservas fueron menguando y la oferta de billetes en bancos y casas de cambio se volvió insuficiente para la demanda real, alimentando un mercado paralelo donde la cotización del dólar superó ampliamente el tipo de cambio oficial en distintos tramos del año.
La evolución del tipo de cambio fue un reflejo de ese desborde: el Banco Central de Bolivia (BCB) mantuvo una referencia oficial, entre Bs 6,86 y Bs 6,96, relativamente estable, para evitar un desequilibrio mayor, pero en las calles y mercados paralelos el dólar se cotizó mucho más alto, llego a valer hasta Bs 20, en picos de tensión, presionando la inflación y encareciendo insumos importados. Esa divergencia entre mercado oficial y paralelo complicó transacciones comerciales y el normal funcionamiento de contratos en dólares, con consecuencias directas para importadores que no pudieron acceder oportunamente a divisas a la paridad oficial.
El faltante de diésel tuvo efectos palpables: transportistas interdepartamentales redujeron salidas, el transporte de carga se retrasó y el agro -altamente dependiente del combustible para maquinarias y transporte de cosecha- reportó pérdidas de productividad y mayores costos logísticos.
Industrias que dependen de generación con motores a diésel y logística pesada vieron caer su actividad; en algunos corredores productivos las operaciones quedaron reducidas a la mitad mientras los precios de servicios de flete se disparaban por la escasez. Las filas en estaciones y las protestas de gremios transportistas fueron indicadores visibles de la crisis en el terreno.
Durante esta gestión desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en reiteradas ocasiones negaron la escasez de diésel. Su entonces presidente Armin Dorghaten, ahora buscado por la Justicia, frecuentemente minimizó la falta de combustible, atribuyendo los problemas a factores externos como aspectos logísticos y bloqueos de carreteras.
Para mitigar la falta de carburantes, desde Yacimientos pidieron a la población no llenar los tanques innecesariamente para asegurar el abastecimiento equitativo, cuando esto falló se giró la mirada hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional para hacerlos responsables por la falta de combustible, al no aprobar créditos por $us 1.300 millones.
El entonces presidente, ahora recluido en la cárcel de San Pedro, Luis Arce, ante el malestar de la población por la falta de diésel y gasolina precisaba: “si no hay combustible, es porque no hay dólares, ¿por qué no hay dólares? porque no hay créditos; y ¿quién aprueba los créditos? es la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿A quién hay que ir a reclamar cuando no tenemos combustibles?, está muy claro, lo tenemos muy claro todos”, puntualizaba Arce.
Negar la falta de combustible, para luego culpar a la Asamblea Legislativa y no reconocer la falta de capacidad de la estatal petrolera, dejaron un escenario complejo que hizo frente la nueva administración de Rodrigo Paz.
Y lo hizo en la segunda quincena de diciembre, una semana antes de la Navidad. El mismo Paz explicó que no se pudo levantar de manera gradual el subsidio. Remarcó que no se cuenta con los recursos para seguir dilatando la subvención. Mineros y transportistas fueron los primeros en protestar, pero esa es otra historia que en 2026 se desarrollará.
Alimentos en alza ponen en apuros a la población
Durante 2025, los precios de los alimentos en Bolivia registraron un fuerte incremento que se tradujo en un impacto directo sobre los bolsillos de los hogares. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que la inflación general acumulada hasta noviembre alcanzó cerca del 19,7%, con los alimentos y bebidas no alcohólicas como los principales impulsores del aumento de precios.
La inflación específica del grupo de alimentos se mantuvo persistentemente alta durante el año, superando los 30% en términos interanuales, según indicadores recientes de inflación alimentaria en Bolivia, con productos básicos como plátano, leche en polvo, huevos, arroz y haba verde registrando incrementos considerables.
Un reporte de la Defensoría del Pueblo indica que la canasta básica de alimentos subió entre un 19% y más del 30% en distintas ciudades, entre enero y octubre de 2025, reflejando un alza sostenida del costo de la alimentación para familias de todos los estratos.
Los factores detrás de esta escalada han sido múltiples: la especulación de precios en algunos sectores, interrupciones logísticas por bloqueos y la presión inflacionaria general han provocado alzas consecutivas en productos alimenticios, incluso cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual presentó variaciones moderadas en ciertos meses.
Las expectativas para 2026 apuntan a una moderación de la escalada de precios, pero este alivio dependerá de una combinación de mayor producción y estabilidad económica.