Este martes, 13 de julio, cumple cuatro meses tras las rejas. La expresidenta Jeanine Áñez, que intentó varias veces defenderse en libertad, está cercada por seis procesos judiciales, uno de ellos es por genocidio. El lunes planteó una acción de libertad, pero el juez Antonio Amaru rechazó el recurso.
Los procesos legales que enfrenta Áñez cuentan con el aporte de evidencias que fueron provistas por los ministerios de Justicia, Gobierno, Relaciones Exteriores, Economía y Desarrollo Productivo, además de la Procuraduría General del Estado y la presidencia del Senado.
Autoridades gubernamentales, abogados de la defensa y obrados del Ministerio Público corroboraron este recuento. Este escenario, a decir de especialistas en derecho, refleja una falta de institucionalidad que afecta a la independencia de poderes.
El Movimiento Al Socialismo (MAS), que prepara las condiciones para aprobar cuatro juicios de responsabilidades contra la expresidenta, asegura que hay garantías, mientras los opositores ven señales deterioro en la democracia en el país.
El abogado Jorge Valda, que es parte del equipo jurídico que patrocina a la expresidenta transitoria, anticipó que en las próximas horas insistirán con otras acciones de libertad.
El supuesto Golpe de Estado
La primera denuncia contra Áñez fue planteada por la exdiputada Lidia Patty (MAS), quien a finales de 2020 ya se había querellado contra los jefes militares que acompañaron al Gobierno transitorio.
Esa acusación fue por sedición, terrorismo y conspiración y derivó en una acción directa de la Policía en Trinidad que terminó con su captura, a medianoche del 12 de marzo.
Tres días después, Áñez fue ingresada en el penal de Obrajes y al cabo de una semana fue trasladada hasta la cárcel de Miraflores, en La Paz.
“Hasta el día de hoy se han cumplido 175 actuados que están en el cuaderno de investigación, pero no existe una prueba contundente. Ni siquiera una prueba objetiva que indique que la señora Jeanine Áñez haya organizado alguna movilización en 2019 que haya sido terrorista”, lamentó Luis Adolfo Guillen, Frente a este escenario, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), se han sumado a la acusación de un segundo caso que fue bautizado como “golpe de Estado”. Eso sí, la querella que pidió investigar a Jeanine Áñez por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, delitos que pudo cometer cuando asumió la presidencia del país, se dieron, supuestamente, sin cumplir los procedimientos legales formales. Guillen asegura que en este tema “no se ha cumplido ninguna audiencia”, pues “la señora Jeanine Áñez guarda detención por sedición, terrorismo y conspiración”. “El Ministerio Público debe responder por la estrategia. Esto se va a llevar a cabo por el Ministerio Público y por los querellantes. En este caso, ‘golpe de Estado’, el Ministerio de Justicia no es parte. Sí lo es el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría”, puntualizó hace algunos días el ministro Iván Lima. Por el caso “golpe de Estado”, también fueron detenidos los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, así como el excomandante de la Fuerza Área Jorge Terceros y el exjefe de la Armada Gonzalo Jarjuri. Hace unos días, la Fiscalía admitió una denuncia promovida por el Servicio Plurinacional de Atención a las Víctima (Septavi) contra la expresidenta Áñez. La entidad, que es parte del Ministerio de Justicia, solicitó una investigación por “genocidio”. La acusación por este delito, que es penado con la pena máxima de 30 años sin derecho a indulto, nace por las 37 personas que murieron tras la intervención militar y policial de mediados de noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata. Juicio de responsabilidades “Hemos tenido la posibilidad de conocer los contenidos de la proposición acusatoria sobre la matanza de Sacaba y Senkata. Se ha hecho la revisión y no hemos evidenciado, en la parte medular, que exista el argumento del golpe de Estado. En consecuencia, emplazamos a Carlos Mesa que pueda instruir a sus diputados de su bancada de Comunidad Ciudadana (CC) que puedan apoyar”, afirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS). La postura del legislador apunta a un eventual juicio de responsabilidades por este caso. Para que este proceso siga su curso se requieren de una aprobación con el respaldo de dos tercios de los legisladores, una representación que el oficialismo no posee. El diputado Oscar Balderas (CC) rechazó el emplazamiento del MAS porque, en su criterio, no existe una justicia independiente. “CC defenderá los principios sobre la defensa de los Derechos Humanos y la consolidación de una justicia independiente, confiable y eficiente que es una deuda social histórica y pendiente. La gestión del MAS no contribuye a disipar la falta de confianza que la ciudadanía siente hacia el Órgano judicial y continúa complicando socialmente por intereses político partidarios”, afirmó el legislador.
uno de sus abogados.