El expresidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, fue detenido esta tarde en la ciudad de La Paz y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prestar declaración ante una comisión de fiscales de la Unidad Anticorrupción, dentro de la investigación por el millonario desfalco al Fondo Indígena, uno de los casos de corrupción más sonados del gobierno del Movimiento al Socialismo.
Según informes preliminares, Arce fue interceptado por efectivos policiales en la zona de Sopocachi y conducido a las oficinas centrales de la Felcc, donde declara en calidad de investigado por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contratos, vinculados al manejo de recursos públicos destinados a proyectos sociales indígenas.
Será la comisión de fiscales anticorrupción de La Paz la que determine, tras valorar la declaración de Arce y los elementos acumulados en el cuaderno de investigaciones, si el exmandatario queda aprehendido o enfrenta el proceso en libertad.
Fuentes policiales confirmaron que Arce no opuso resistencia durante su arresto y mantuvo una actitud calmada frente a los efectivos, quienes lo subieron a una vagoneta para llevarlo a la Felcc.
El caso
El caso Fondo Indígena investiga la malversación de elevados montos de dinero público que debían financiar obras comunitarias, pero que —según la Fiscalía— terminaron en cuentas personales de autoridades y dirigentes afines al Movimiento al Socialismo (MAS). En este proceso está implicada la exdiputada Lidia Patty, actualmente recluida en la cárcel de Obrajes, además de otras exautoridades.
En julio de 2025, el Ministerio Público presentó una acusación formal contra al menos 15 personas, entre ellas la exministra Nemesia Achacollo, por una serie de irregularidades detectadas en la administración del fundo.
El proceso se remonta a febrero de 2015, cuando un informe de la Contraloría General del Estado reveló que 153 proyectos financiados por el Fondo Indígena no fueron concluidos, pese a haber recibido recursos. Las investigaciones apuntaron a una red de dirigentes y autoridades que habrían recibido desembolsos sin ejecutar las obras comprometidas.
La captura de Arce generó una inmediata reacción política. La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció públicamente un supuesto “secuestro político” del exmandatario y alertó a la comunidad internacional, afirmando que la medida sería arbitraria.