Los exministros: Arturo Murillo, Roxana Lizarraga y Luis Fernando López, que ejercieron cargos en el gobierno de Jeanine Áñez, recibieron una condena de cinco años y cuatro meses, cada uno, dentro del caso gases lacrimógenos del Ecuador, que se inició en mayo de 2024.
“El Juzgado de Sentencia Anticorrupción 25 de la ciudad de La Paz, mediante Resolución 001/2025, dictó sentencia condenatoria contra los exministros: Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio y Roxana Lizárraga Vera, quienes han sido hallados culpables del delito de incumplimiento de deberes y condenados a cinco años y cuatro meses de reclusión”, señala un comunicado de la Procuraduría General del Estado (PGE).
El caso se remonta a los primeros días de gobierno de Jeanine Áñez, cuando se produjo la represión en Sacaba, Cochabamba y luego en La Paz, de acuerdo con la acusación formal iniciada contra 10 personas, de las cuales cuatro fueron sentenciados y el resto fue absuelto de responsabilidades.
Al margen de los tres exministros, la cuarta persona en recibir una condena fue Héctor Pérez Ortiz: a tres años y cuatro meses en el penal de San Pedro.
En noviembre de 2019 el Gobierno de Áñez no tenía armamento no letal para reprimir las movilizaciones de protesta y, según los testimonios de Mauricio Ordoñez y Carlos Fernando Huallpa, también exministros de Áñez, fue la exministra Roxana Lizárraga la que consiguió los gases lacrimógenos del gobierno ecuatoriano, a través de un contacto con otro exminstro, Carlos Sánchez Berzaín.
Estos revelaron la existencia de un ‘minigabinete’ que tomaba decisiones al margen de todos los ministros, a quienes solo se comunicaba de las decisiones; en ese 'minigabinete' estaban los tres exministros, además del de Economía.
Otros acusados, como el excomandante de la Policía, Rodolfo Montero y el excomandante de las FFAA Sergio Orellana, además de otras cuatro personas, que estaban acusadas, en el proceso, fueron absueltas por el Tribunal.
El juicio empezó en mayo de 2024 y se prolongó por nueve meses. Los exministros fueron declarados en rebeldía, lo mismo que el resto de los acusados. Acutalmente, Murillo está preso en EEUU; Lizárraga está asilada en ese país; mientras que Luis Fernando López también busca refugio en Paraguay.
A través de sus redes sociales, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo señaló: Cumplimos con el pueblo boliviano por los lamentables hechos ocurridos en año 2019, en una publicación en la que informaba sobre esta sentencia.