La Fiscalía General del Estado solicitó 30 años de cárcel, la pena máxima en Bolivia, contra la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020). La acusó por el “genocidio” de 20 ciudadanos en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) durante protestas sociales y una movilización militar que tuvo el lugar en noviembre de 2019. Sucedió en el contexto de la crisis política de 2019 que estalló con las elecciones a las que Evo Morales se postuló para ser reelecto por un cuarto periodo consecutivo. El juicio contra la exmandataria se tramita por la vía ordinaria. Desde la prisión paceña de Miraflores, donde está detenida desde marzo de 2021, Áñez afirmó que no habrá justicia hasta que Morales comparezca ante un tribunal. “Los cobardes hacen leña del árbol caído. Me arrancaron de mi hogar, me despedazan desde el 13.3.2021. No hay ni habrá Justicia sin un juicio de responsabilidades ni sin Evo Morales ante el tribunal que corresponda y que determine la verdad. La venganza del MAS es dictadura pura”, fue el mensaje de Jeanine Áñez que se transmitió a través de sus redes sociales. Más temprano, desde Sucre, el fiscal general, Juan Lanchipa, explicó que “la ciudadana Jeanine Áñez tomó contacto con el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, así como de la Policía, en el instante mismo en el que los operativos conjuntos se desarrollaban en el municipio de Sacaba”, aseguró. Añadió que estos hechos se encuentran acreditados con los elementos de prueba que se colectaron en el proceso investigativo y que ahora irán a juicio. Dijo que recibieron 180 entrevistas informativas de efectivos militares, 110 entrevistas de funcionarios policiales y la declaración de 120 personas civiles que participaron en las protestas. Sobre Senkata, advirtió que “se ejecutaron 31 acciones desproporcionadas de represión, a través del uso de armas y municiones de guerra, vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros, aviones, en contra de manifestantes civiles desarmados”. En el hecho, “los 10 muertos recibieron el impacto de proyectiles de armas de fuego. (Entonces) tal cual como aconteció en Sacaba, (hubo) el incumplimiento de los principios de necesidad, proporcionalidad, discriminación, racionalidad para el uso de la fuerza”. “Me acusan de genocidio como si fuera Hitler, Hamás o las dictaduras que aplauden. Genocida es matar al pueblo de hambre y droga, intoxicación con mercurio o incendios, cercar ciudades, prohibir paso de oxígeno y alimentos”, señaló Jeanine respecto a los argumentos del fiscal Lanchipa. Áñez llegó al poder el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia de Evo Morales en medio de protestas sociales y amenazas de “guerra civil”. El 15 de noviembre de 2019, al menos 10 civiles perdieron la vida y otros 120 resultaron heridos en Sacaba, cuando militares y policías impidieron la llegada a Cochabamba de una marcha que venía del trópico. El 19 de noviembre, en cercanías de Senkata, en El Alto, La Paz, otros 10 civiles perdieron la vida y 78 quedaron heridos en enfrentamientos luego de que estos tumbaron la pared de la planta engarrafadora. Alaín de Canedo, abogado de Áñez, manifestó que este proceso no corresponde, porque la exmandataria debe ser juzgada a través de un juicio de responsabilidades. “Presentamos una excepción de incompetencia que nos negaron y ante eso, corresponde meter las demandas internacionales”. Complementó que “en este caso no se procede como corresponde de acuerdo con la ley”. “Ella nos ha pedido que no participemos de estos procesos y se defiende a través de un abogado de oficio”, apuntó. El 15 de junio de 2022, El ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que el caso Senkata-Sacaba debía ir a juicio de responsabilidades con autorización de dos tercios de la Asamblea Legislativa. Ayer, en un vuelo comercial se encontraron Carolina Ribera, la hija de Jeanine Áñez, y el exvicepresidente Álvaro García Linera. “Mi madre es una presa política por este señor”, advirtió la joven cuando lo vio en un asiento del avión. La exautoridad estaba con lentes. Ella lo acusó de ser un “violador de los Derechos Humanos, de la democracia y de la libertad”. Él, notoriamente incómodo, solamente repitió: “Es una asesina”. Mientras, Ribera recriminaba a García Linera y lo responsabilizó por “250 presos políticos en Bolivia”. Lo señaló también porque en la crisis del 2019 renunció a la icepresidencia de Bolivia. “Usted huyó, dejando a su gente, ocasionando un vacío de poder, ocasionando muerte, enfrentamiento”. Argumentó que su madre asumió el papel que tenía que haber asumido García Linera. “Es una mujer digna que asumió esa responsabilidad. Mi madre asumió lo que usted fue responsable, usted no cumplió”.
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