La crisis ya se hizo sentir en dos pilares fundamentales del Estado: la justicia y la seguridad. Mientras el Órgano Judicial se declaró en emergencia presupuestaria por el recorte de recursos que amenaza su operatividad, la Policía en Santa Cruz ha tenido que reducir patrullajes debido a la escasez de combustible que afecta su capacidad de respuesta.
Las principales autoridades del Órgano Judicial anunciaron ayer la declaratoria de emergencia presupuestaria tras una decisión unánime entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. En una conferencia de prensa, los presidentes de estas altas cortes manifestaron su preocupación por la drástica reducción del presupuesto asignado y su impacto en la administración de justicia.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez, había alertado que el presupuesto asignado es Bs 140 millones es menor que en gestiones anteriores, lo que compromete seriamente la operatividad del Órgano Judicial. “No podemos hablar de una reforma normativa si no contamos con un presupuesto adecuado”, enfatizó.
“Además, hemos planteado ante la Comisión 898 la necesidad de que se reconozca esta emergencia presupuestaria. Sería irresponsable hablar de reformas sin los recursos adecuados”, enfatizó.
“El primer punto a abordar ha sido la independencia judicial, pero también es imperioso tratar el tema del presupuesto”, señaló el presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Cristhian Méndez Rosales.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, insistió en la necesidad de que el presupuesto judicial represente al menos el 3% del Presupuesto General del Estado y que este porcentaje no dependa de asignaciones anuales.
“Esta emergencia presupuestaria debe ser atendida por las instituciones y órganos del Estado para garantizar la independencia judicial y el cumplimiento de las funciones constitucionales del Órgano Judicial”, sostuvo.
Las autoridades también anunciaron que no volverán a participar de reuniones convocadas por la Comisión 898, pues consideran que ha cumplido su ciclo y que es necesario explorar nuevas alternativas para reformar el sistema de justicia y responder a las necesidades de la ciudadanía.
La falta de recursos y las deficiencias estructurales han alejado a la justicia de la ciudadanía. En 2022, tras una visita oficial a Bolivia, el relator especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados, quien era entonces Diego García Sayán, concluyó que “la justicia está lejos de la gente”. Advirtió que construir un sistema judicial independiente y accesible sigue siendo un desafío fundamental para la sociedad boliviana.