Iván Arias salva el cargo y ven ‘cortina de humo’ para tapar la iliquidez

La defensa del alcalde de La Paz, Iván Arias, salvó su cargo. Ayer, un juez le otorgó permiso para salir a trabajar, aunque se mantiene la medida cautelar de la detención domiciliaria por un caso de “violencia política” denunciado por Jaqueline Chavarría, quien fue una de las subalcaldesas de la ciudad.

Tras esa decisión, el alcalde anunció una colecta para recaudar los Bs 50.000 que la autoridad judicial le impuso como fianza. La fiscal Verónica Miranda explicó que la decisión judicial se dio en el marco de una complementación, presentada por la defensa del Alcalde. Sin embargo, recordó que tiene 48 horas para acreditar el horario de sus salidas laborales.

Con megáfono en mano y en medio de una multitud que se apostó en el atrio del Palacio Consistorial de La Paz, Arias anunció que seguirá ejerciendo sus tareas como principal autoridad municipal de la ciudad. Anticipó que su horario de trabajo es de 07:00 a 23:00 de lunes a domingo. Agradeció así las muestras de apoyo que recibió de parte de la ciudadanía desde el martes, cuando se enteró del fallo judicial en su contra.

De haberse cumplido esa determinación, el Concejo de La Paz debía elegir a una autoridad interina. La ciudad no tiene una carta orgánica propia y se rige por la Ley Marco de Autonomías.

“Ni bien salimos de una, entramos en otra. No podemos bajar la guardia, no podemos rendirnos, no vamos a dejar de estar fuertes. Para el lunes (20 de noviembre) está fijada una audiencia por el caso Jet-Fuel y piden mi detención en la cárcel de San Pedro”, dijo la autoridad edil en el mitin.

En un primer momento, el juez anticorrupción, Helmer Laura, citó a Arias para una audiencia ayer, pero esa vista judicial, por el caso Jet Fuel fue postergada.

En esta jornada se realizará una marcha que recorrerá las calles de La Paz, en favor del alcalde, que buscará mostrar el apoyo a la autoridad. Se prevé la participación de sectores sociales y juntas vecinales de varios barrios y zonas paceñas.

Denuncia

Desde la oposición consideran que se trata de un ataque judicial orquestado desde el Gobierno, con la intención de tapar la falta de liquidez gubernamental para cubrir la demanda de recursos de las regiones con el presupuesto reformulado, y también señalaron que es para mostrar poder en la pugna entre ‘evistas’ y ‘arcistas’.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, cuando los medios le preguntaron sobre el proceso contra Arias, no quiso fijar una postura. Señaló que ese era un caso se encontraba en la instancia judicial y que el Gobierno “nada tiene que ver”.

No piensan igual asambleístas de la oposición. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Luis Porcel opinó: “Claramente el proceso contra Arias es una cortina de humo; es un show que ha montado porque le permite tapar la falta de solvencia en caja. La gente está distraída, mientras el Gobierno no sabe qué hacer con una situación económica demasiado delicada”, aseguró el legislador opositor.

Complementó que “el ciudadano común sabe que no hay gasolina, no hay diésel, no hay trabajo; hay inflación y esa es una realidad palpable”. “Por eso, hay que montar un circo, justo en este momento se acuerdan de procesar al alcalde, pero es demasiado evidente”, puntualizó Porcel.

Además, fue más allá, cuando señaló que el Gobierno llevó premeditadamente “al rechazo” de la aprobación del presupuesto reformulado. “Lo hizo primero para victimizarse y segundo porque no tiene liquidez para llevar el dinero a las regiones”. Denunció que de los Bs 5.421 millones, “las 13 universidades solo se llevan el 6%, 336 municipios el 16%, cuatro gobernaciones el 0,7%; los gobiernos municipales originarios campesinos, 0,1% y el 77% se queda en manos del Estado”. Esta distribución incluye a gobernaciones y alcaldías afines al MAS, remarcó.

“La forma en que evadieron la aprobación del reformulado fue muy sospechosa y fue muy evidente que buscaron el fracaso. Culparon a la oposición, y pareciera que no tienen liquidez”, sostuvo la senadora Centa Rek (Creemos).

Con relación a Arias, aseveró que, además, de una cortina de humo, “hay una pugna entre ‘evistas’ y ‘arcistas’ para llegar a las organizaciones sociales, y quién hace más por Sacaba y Senkata”. “Creo que este proceso viene de ese afán de venganza que ya tocó a la expresidente Jeanine Áñez, y posteriormente también al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho”, apostilló Rek.

El senador ‘arcista’ Félix Ajpi contestó que esos son inventos de la oposición, “la economía marcha bien”, insistió, aunque sigue pendiente el presupuesto.