Antonio Sánchez de Lozada Bustamante, el primer contralor de la etapa democrática iniciada en 1982 y principal impulsor de la reforma de la Contraloría en una década, falleció este lunes en Canadá. Durante su gestión, convirtió a la entidad en un órgano rector autónomo del control gubernamental, puso en marcha la Ley Safco y redujo en 50% el personal de la institución bajo la política de “achicar del Estado”.
“En su gestión se produce un viraje de 180 grados por las reformas estructurales que implementó y aplicó en el transcurso de los 10 años de su administración”, se destacó en una publicación institucional por los 80 años de la Contraloría en 2008.
Designado el 1 de noviembre de 1982, a pocas semanas después de la asunción del presidente Hernán Siles Zuazo, su gestión atravesó tres gobiernos democráticos: además de Siles Zuazo, los de Víctor Paz Estenssoro y Jaime Paz Zamora. Su permanencia durante diez años marcó una etapa de continuidad institucional en medio de profundas transformaciones económicas y administrativas del Estado.
Uno de los hitos de su administración fue la aprobación del Decreto Supremo 22165, el 5 de abril de 1989, que consolidó a la Contraloría como órgano rector del sistema de control gubernamental, con autonomía en el cumplimiento de sus funciones. A partir de ese momento, el control del Estado quedó estructurado en dos pilares: el control interno y el control externo posterior, este último ejercido mediante auditorías y evaluaciones.
La reforma redefinió además la arquitectura de los sistemas administrativos del sector público, estableciendo órganos rectores con facultad normativa sobre programación de operaciones, presupuesto, administración de personal, bienes y servicios, tesorería, crédito público y contabilidad.
La Ley Safco
El 20 de julio de 1990 se promulgó la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, conocida como Ley Safco, que reorganizó integralmente la gestión pública. La norma reguló los sistemas de administración y control de los recursos del Estado, estableció responsabilidades para los servidores públicos y fijó mecanismos para garantizar un uso eficiente y transparente de los fondos públicos.
Durante la gestión de Sánchez de Lozada se reglamentaron sus atribuciones y se consolidó el marco normativo que dio forma al modelo vigente. Entre sus competencias se encontraban la emisión de normas básicas de control interno y externo, la supervisión de auditorías, la evaluación de sistemas de control interno y la capacitación de servidores públicos.
Reducción al 50% del personal
La gestión de Sánchez de Lozada también estuvo marcada por una profunda reorganización interna. En el contexto de las reformas estructurales y la política de reducción del aparato estatal, la Contraloría redujo aproximadamente la mitad de su personal. El proceso generó fuerte resistencia sindical e incluso paralizaciones que llegaron a suspender el funcionamiento de la entidad por más de dos meses.
Pese a las tensiones, su administración es identificada como el punto de inflexión que dio forma al sistema de administración y control gubernamental que continúa rigiendo en el país más de cuatro décadas después.
Antonio Sánchez de Lozada Bustamante también fue senador, ministro de Finanzas en el gobierno de Alfredo Ovando.