El exmagistrado y expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Miguel Hurtado, presentó este jueves su renuncia irrevocable al cargo, en medio de la investigación penal que afronta por su permanencia prorrogada en el tribunal y por presuntas irregularidades en la emisión de resoluciones constitucionales.
Su dimisión se suma a las de los exmagistrados Yván Espada y Karem Gallardo, que abandonaron Sucre después de que salas constitucionales de Potosí y Santa Cruz ordenaran el cese inmediato de las funciones prorrogadas.
La carta de Hurtado, dirigida a la presidenta del TCP, Paola Prudencio, solicita que su renuncia sea puesta en conocimiento del Tribunal Supremo Electoral y de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La nota fue recibida oficialmente este jueves en las oficinas del tribunal en Sucre.
Paralelamente, el exmagistrado activó una acción de libertad ante una sala constitucional del Beni con el objetivo de anular el mandamiento de aprehensión emitido por un juzgado de La Guardia, Santa Cruz, y dejar sin efecto la alerta migratoria dictada en su contra. A través de su abogado, Álex Mejía, pidió el “cese de la persecución” policial y la restitución de sus garantías constitucionales.
Estas acciones ocurren mientras avanza la investigación penal abierta por el Ministerio Público. El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, informó que Hurtado se presentó a declarar voluntariamente el martes, en el marco del proceso por presunta falsedad ideológica y otros delitos vinculados a la prórroga irregular de funciones.
Mariaca confirmó que los otros cuatro exmagistrados investigados serán citados formalmente y deberán presentarse en un plazo de 24 horas desde su notificación. También señaló que se emitieron medidas de protección especial para las magistradas denunciantes, Paola Prudencio y Amalia Laura, debido a la tensión institucional derivada del caso.
La Fiscalía sostiene que la investigación busca esclarecer presuntas irregularidades en la emisión de autos constitucionales sin conocimiento ni firma de las autoridades electas en 2024, lo que vulneraría la normativa interna y constituiría resoluciones carentes de sustento legal. La alerta migratoria contra los cinco exmagistrados prorrogados se mantiene vigente.