El caso de los 57 mineros detenidos en Riberalta tendrá que peregrinar por tres departamentos por los sucesos desde el viernes, porque fueron detenidos en el Beni, tuvieron que enfrentar su audiencia cautelar en La Paz y 19 de ellos deben guardar detención en la cárcel de Villa Busch, en Cobija. Ante ese panorama el abogado defensor pedirá la modificación de esta medida del juez de turno.
“Las audiencias en materia penal todavía se desarrollan de manera virtual, entonces no habrá mucho problema con aquello, sí vamos a solicitud la modificación respecto del penal, porque entiendo que hubo cierta confusión en este tema de parte del juez, se va a solicitar la modificación”, dijo el abogado, Víctor Flores Lero.
Desde el viernes hay 57 mineros aprehendidos de la localidad de Riberalta, acusados de explotación ilegal de oro en la corriente del río Madre de Dios. Según el abogado, la Fiscalía no pudo probar que estaban cometiendo ese ilícito porque no presentaron las pruebas que acrediten su acusación, es decir que no presentaron el mineral que estaba siendo explotado. El abogado explica que los 57 detenidos son “personal técnico” de la cooperativa Asociación de Balseros (Asobal), por tanto, en el operativo no se detuvo a ningún socio de esta cooperativa, todos eran trabajadores asalariados, aunque la ley de cooperativas impide la contratación de personal subalterno. “Hay una confusión en la ubicación, porque lo que se practica en minería por arrastre, así se llama el trabajo en los ríos, no siempre está ubicado donde está la propiedad porque con la marea el río crece y este tiende a arrastrar las barcazas. Además, cuando han hecho la intervención no se estaba realizando explotación minera y la prueba es que entre los elementos colectados no se tiene material aurífero”, justificó el abogado. El abogado presentó su apelación ante el juez de turno, porque en La Paz el lunes fue feriado departamental y por tanto, atendió el juez de turno. En esta semana deben conocer el tribunal que atenderá la apelación, describió el abogado.
Mientras, el vicepresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Zenón Huarachi, afirmó que ellos solicitaron que cualquier actividad del Gobierno para fiscalizar a las cooperativas se haga por consenso y no de manera violenta, como ocurrió el viernes, y por esa razón habrá una reunión de esta federación para reclamar al Ejecutivo.