En el pleno, en pasillos y en comisiones, diputados y senadores buscan consensos para elegir vocales.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ingresó en una fase decisiva para garantizar la preselección y designación de nuevos vocales electorales nacionales y departamentales antes del vencimiento de los actuales mandatos, previsto para el 19 de diciembre. El proceso, marcado por plazos ajustados y tensiones internas, avanza con modificaciones sobre la marcha mientras la crisis del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) presiona cada instancia legislativa.
El diputado Juan del Granado, miembro de la Comisión de Constitución, informó que el proyecto de ley de régimen excepcional y transitorio para la selección y elección de vocales electorales fue aprobado “en grande y en detalle”, tras ajustes menores que no alteraron su estructura. “No ha habido grandes modificaciones, son algunas pequeñas modificaciones de forma que no alteran en absoluto el proyecto y por tanto estamos viabilizando su tratamiento inmediato”, explicó.
Del Granado también confirmó la reducción de plazos: “Hemos reducido de 20 a 15 días los plazos. Yo creo que vamos a cumplir los plazos”, señaló, recordando que el informe de la Comisión debe ahora pasar al pleno de Diputados para su consideración definitiva.
El proceso se encuentra en una carrera contrarreloj, y la premura ha obligado a revisar aspectos operativos. El diputado Luis Vásquez, de la bancada Libre e integrante también de la Comisión de Constitución, detalló que uno de los debates centrales fue la posibilidad de suprimir el examen escrito para evitar demoras. “Nosotros hemos dado la propuesta de suprimir el examen escrito, porque la anterior vez han sido más de 600 postulantes y esto nos puede jugar en contra del tiempo”, afirmó. Sin embargo, la propuesta no prosperó y se mantuvo el examen.
Vásquez también planteó ampliar los días de postulación debido a la carga documental exigida. “Poner tres días era muy poco. En lugar del examen queríamos abrir los días para que los postulantes tengan más días para presentar sus postulaciones”, argumentó. Según estimó, la convocatoria debería emitirse el jueves, una vez que el pleno de Diputados concluya el tratamiento del informe. “Lo que sí recalco es que se está cumpliendo los tres requisitos básicos que marca la Constitución: convocatoria pública, evaluación por meritocracia y respeto a la votación por dos tercios”, aseguró.
Mientras tanto, en la Cámara Alta, la senadora Soledad Chapetón, primera vicepresidenta, explicó que su cámara ya tiene programada la sesión para tratar el proyecto apenas llegue desde Diputados. Sin embargo, anticipó posibles demoras: “Seguramente vamos a tener que dar un cuarto intermedio mientras Diputados finalice la aprobación”, señaló.
Chapetón recordó que el cronograma es extremadamente ajustado y que esta ley debió ser procesada por el anterior Legislativo. “Son pendientes que nosotros estamos llevando adelante”, indicó, subrayando la necesidad de trabajar “por tiempo y materia” para acompañar la conclusión de la gestión y los temas urgentes que quedan pendientes.
En paralelo, la ALP aprobó por más de dos tercios un proyecto de resolución que reafirma lo establecido por la Constitución Política del Estado: la Asamblea Legislativa es la única instancia habilitada para realizar el proceso de preselección y selección de postulantes a magistrados y vocales electorales. La resolución será remitida a los órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral.
El vicepresidente del Estado y presidente nato de la ALP, Edmand Lara, destacó que ese fue el único punto tratado en la sesión y que su aprobación consolida el principio de independencia institucional en un momento de alta sensibilidad política.
El pronunciamiento de la ALP se da tras la salida de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cesados por decisiones de las salas constitucionales de Potosí y Santa Cruz. El Auto Constitucional 0087/2025 fijó un plazo de transición de 10 días e instruyó el cese inmediato de los magistrados involucrados, lo que incrementó la presión institucional para que la ALP acelere la designación de nuevas autoridades electorales.