Después de las intervenciones en Senkata, Cochabamba y Santa Cruz, la Fiscalía allanó las oficinas de YPFB en Oruro. El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y con el apoyo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), ejecutó un allanamiento en las oficinas regionales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La intervención se efectuó a raíz de una denuncia por presuntas irregularidades en el proyecto de ampliación de depósitos de combustible, ejecutado por una empresa venezolana, donde se habrían detectado diferencias significativas entre el presupuesto inicial y el monto final cancelado.
Durante el operativo, se verificó la existencia de tres nuevos tanques. De acuerdo a documentos públicos, la primera fase de este proyecto tenía un costo estimado de 144.244.000 bolivianos; sin embargo, la cancelación registrada superaría los 305.168.695 bolivianos, cifra que excede ampliamente el límite del 10% permitido por ley para modificaciones contractuales en proyectos de inversión pública. “Ante estos indicios, se procedió al secuestro de documentación relevante y al precintado de la oficina de Asesoría Legal, con el fin de recolectar mayor información sobre el proceso contractual”, explicó Morales.
Como parte de las diligencias, el Ministerio Público realizó la búsqueda de documentos vinculados al contrato del proyecto Incremento de la Capacidad de Almacenamiento de Combustibles (ICA), con el objetivo de esclarecer el presunto daño económico denunciado. Asimismo, se recabaron registros administrativos y técnicos destinados a determinar si existieron sobreprecios, pagos irregulares o modificaciones no autorizadas más allá de los parámetros permitidos por la normativa vigente.
La Fiscalía informó que la investigación se encuentra en su etapa inicial y que se continuarán desarrollando actos investigativos que permitan verificar la legalidad en el uso de los recursos públicos, identificar a los posibles responsables y garantizar la transparencia en la administración de bienes y fondos del Estado.