El Consejo de la Magistratura presentó una denuncia penal contra seis funcionarios de la Oficina de Derechos Reales de Trinidad, en el departamento de Beni, por presuntos delitos de corrupción. Según la institución, los acusados habrían manipulado registros informáticos para anular anotaciones preventivas de inmuebles, causando un perjuicio económico estimado en 6 millones de bolivianos.
Gabriela Araoz López, decana del Consejo de la Magistratura, explicó que la denuncia formal incluye los delitos de: incumplimiento de deberes, manipulación informática y conducta antieconómica, tipificados en el Código Penal.
"La transparencia en el manejo de Derechos Reales es una prioridad. Exigimos que la investigación llegue hasta el final y se sancione a los responsables conforme a la ley, afirmó Araoz en conferencia de prensa.